Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
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Por: Luis Suárez Salazar*
Introducción
Este escrito tiene como uno de sus propósitos presentar algunas anticipaciones con relación a las políticas contra los pueblos, las naciones y ciertos gobiernos de América Latina y el Caribe que en el futuro previsible desplegará la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad imperial de los Estados Unidos, así como sus aparatos económico-financieros e ideológico-culturales durante el tiempo que le queda al primer (y, tal vez, único) gobierno temporal de Donald Trump (1).
Pero antes de referirlas presentaré una sintética y seguramente incompleta enumeración de las acciones emprendidas por esa administración desde su inauguración hasta la VIII Cumbre de las Américas efectuada en Lima con el propósito de fortalecer su multifacético sistema de dominación –hegemonía acorazada con la fuerza— sobre el hemisferio occidental, ya sea de manera unilateral o en consuno con sus principales “socios”, “amigos” o “aliados” gubernamentales o no gubernamentales de dentro y fuera del continente americano.
Como nuevamente se transparentó en la remilitarizada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos difundida a mediados de diciembre de 2017, tales acciones han sido y serán intrínsecas a los propósitos de la actual administración, así como de los sectores de las clases dominantes y los poderes fácticos que la respaldan de derrotar a los “anacrónicos y autoritarios gobiernos de izquierda” que perduran en la región y de “disminuir la maligna influencia de fuerzas no hemisféricas”; en particular, de la República Islámica de Irán, de la República Popular y Democrática de Corea, de la República Popular China y de la Federación Rusa. Estas dos última calificadas como “potencias revisionistas” que “usan la tecnología, la propaganda y la coerción para conformar un mundo antitético con nuestros intereses y valores” (ESN, 2017).
Las acciones más relevantes de la administración Trump contra Nuestra América
Como adelanté en un texto anterior sobre la actual administración estadounidense (Suárez, 2017), esta le iba a plantear “redobladas amenazas” a las naciones, los pueblos y algunos gobiernos de los 33 estados nacionales o plurinacionales, al igual que de algunos de los territorios de Nuestra América sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda. Después de referir las continuidades de los objetivos estratégicos, generales y en algunos casos específicos perseguidos por las dos administraciones de Barack Obama, afirmé:
Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe (incluida Cuba) que desarrollará el recién inaugurado gobierno temporal estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de continuidad con relación a las desplegadas por su antecesor demócrata. Pero la nueva administración republicana le dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado hardpower (incluidas las negociaciones desde posiciones de fuerza, incluso con algunos de sus “socios” y “aliados”, cual es el caso del actual gobierno de México) que las que tuvieron en el gobierno temporal precedente.
Como comencé a documentar en mi análisis acerca de los primeros 155 días de esa la administración (Suárez, 2017a), esas conclusiones se han confirmado durante los primeros 15 meses de su controvertida y, para algunos analistas, “errática”, “caótica” o “irracional” gestión. Desmarcándome del empleo de esos calificativos con vistas a encontrar “la racionalidad” de sus acciones, sin ánimo de ser exhaustivo, así parecen confirmarlo, entre otros, los siguientes hechos vinculados entre sí:
1. El endurecimiento y la ampliación de las sanciones económico-financieras contra el actual gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido desde el 2013 por Nicolás Maduro, previamente aplicadas por la segunda administración de Barack Obama. A tal grado que, a diferencia de la retórica empleada por este y abandonando los canales de diálogo de alto nivel que desde abril del 2015 se habían restablecido entre ambos gobiernos, Donald Trump volvió a calificar a ese país “como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos” y afirmó en un tuit que no descartaba una “acción militar” para derrocar “la dictadura venezolana”.
Aunque esa amenaza encontró el inmediato rechazo de diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños, de una u otra manera quedó latente en las declaraciones de su vicepresidente, Mike Pence, durante las visitas que realizó a Colombia, Chile, Argentina y Panamá en agosto de 2017. Igualmente en la conferencia pronunciada en la Universidad de Texas el 1º de febrero del presente año por su entonces Secretario de Estado Rex Tillerson, pocos días antes de emprender su primer recorrido por América Latina y el Caribe.
En esta, además de vindicar la historia y la vigencia de la Doctrina Monroe (previamente desechada por su antecesor demócrata, John Kerry), Tillerson expresó su respaldo a la posibilidad de que, si no se produce “un cambio pacífico del régimen”, se produjera un golpe de Estado en Venezuela (Tillerson, 2018). Días después declaró que uno de los principales objetivos de la visita que había realizado a Argentina, Colombia, México, Perú y Jamaica era explorar la disposición de los actuales gobiernos de esos países a apoyar el bloqueo a la exportaciones venezolanas de petróleo, al igual que a otras acciones contra el gobierno de ese país que estaba valorando el presidente Donald Trump.
Como han denunciado algunos analistas, entre otras variantes, esas acciones pudieran incluir la creación de un conflicto militar entre Colombia y Venezuela que, acorde con los enunciados de la Venezuela Freedom 2 Operation elaborada por el SOUTHCOM en el 2016, sirvan como pretexto para desencadenar “una intervención regional humanitaria” contra el pueblo y el gobierno de ese último país, apoyada en todas las facilidades y efectivos militares, navales y aéreos que ya tiene desplegados ese comando en Colombia, Honduras, al igual que en Aruba y Curazao (Red Voltaire, 2016).
Todo lo antes dicho, influyó en el desconocimiento por parte de los sectores más reaccionarios –algunos de ellos neo-fascistas— de la oposición venezolana (aún agrupados en la mal llamada Mesa de Unidad Democrática) de los acuerdos a los que sus representantes habían llegado en los primeros días de febrero en República Dominicana con prominentes dirigentes del gobierno constitucional venezolano. Estos ofrecieron diversas garantías para la participación de los candidatos opositores que cumplieran con las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales que se realizarán el 20 de mayo del presente año.
Al igual que ocurrió en todos las comicios efectuados en el 2017 para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que a los gobernadores y alcaldes de todo el país, los próximos comicios presidenciales fueron descalificados ex antes por la actual administración estadounidense. Esta contó con el apoyo de los gobiernos temporales de los estados integrantes del llamado “Grupo de Lima”: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Junto al de Bahamas, los Jefes de Estado y de Gobierno o los cancilleres de todos esos países que asistieron a la VIII Cumbre de las Américas aprobaron una nueva declaración contra el actual gobierno venezolano. Tal declaración también fue firmada por el vice-presidente de Estados Unidos, Mike Pence (Declaración para la prensa, 2018); quien en su discurso ante ese evento calificó a Venezuela como un “Estado fallido” y a su gobierno como una “dictadura corrupta”. Y añadió: “Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos listos para hacer más, mucho más, para apoyar directamente al cada vez más sufrido pueblo venezolano” (Pence, 2018).
Antes de esa afirmación, Pence había indicado que “el colapso venezolano ya está afectando a las economías de la región” y “ofreciéndole nuevas oportunidades a los traficantes de drogas y a las organizaciones criminales transnacionales para poner en peligro a nuestro pueblo”: pretexto que ya había sido aducido por el jefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd en el posture statement que presentó el 18 de febrero de este año ante el Comité de Servicios Armados del Senado (CSAS). En este indicó:
Venezuela ha proporcionado un largo y permisivo ambiente para narco-terroristas y para los que apoyan a la [organización político-militar libanesa] Hezbollah y es un país de tránsito para el tráfico de drogas ilícitas y de extranjeros de interés especial [para los Estados Unidos]. El continuado asalto a las instituciones democráticas provee un espacio incrementado para actores ilícitos que operan con impunidad, y para Rusia, China y Cuba para expandir su influencia sobre el corrupto régimen de Maduro. Los próximos meses serán críticos con unas elecciones presidenciales, el continuado deterioro de la economía, los extendidos cortes de medicinas, alimentos electricidad y otros bienes de consumo. (Tidd, 2018).
A lo dicho agregó que, a pesar de que esos y otros desafíos para la seguridad nacional de los Estados Unidos que previamente había mencionado “son significativos, no son insuperables. A través de la red de seguridad regional, continuaremos construyendo posibilidades, capacidades e inter operatividad, expandiendo el intercambio de información y profundizando nuestros vínculos con los muchos socios comprometidos y capaces que tenemos en la región” (Tidd, 2018). Entre ellos listó a buena parte de los gobiernos y las fuerzas armadas de los estados integrantes del Grupo de Lima y, en especial, a los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
2. El abandono de casi todas “las estrategias inteligentes” previamente emprendidas por la administración de Barack Obama con vistas a lograr en el mediano plazo cambios favorables a los “intereses y valores” estadounidenses en el peyorativamente llamado “régimen cubano”. Como se ha documentado, las acciones emprendidas por la actual administración republicana con vistas a fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, a reducir las visitas de ciudadanos estadounidenses, así como a crear una Fuerza de Tarea (estatal y no gubernamental) orientada a difundir a través de Internet mensajes dirigidos “a subvertir el orden interno” y “agredir la institucionalidad” de ese país, han tenido diversos efectos negativos en las relaciones oficiales entre ambos países (Bohemia, 2018).
Sobre todo después que, tomando como pretexto una indemostrada “agresión acústica” contra algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, fueron expulsados 17 funcionarios de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos y se redujeron al mínimo imprescindible los servicios consulares que les ofrecían en su embajada en La Habana a los ciudadanos cubanos interesados en viajar de manera temporal o permanente hacia los Estados Unidos. Sin que se haya anulado totalmente, esa decisión –unida la prohibición de que funcionarios oficiales estadounidenses viajen a Cuba— han afectado el cabal cumplimiento por parte de la actual administración estadounidense de buena parte de los 22 acuerdos en diferentes áreas de mutuo interés suscriptos entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos entre mediados del 2015 y enero de 2017.
Mucho más, por el tono cada vez más agresivo y ofensivo contra el gobierno y el pueblo cubanos que ha venido empleando el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de su administración, así como el Jefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd, quien señaló:
Desde el punto de vista de la seguridad nacional, Cuba ha demostrado claros intentos de afectar los intereses estadounidenses a través de la colección, vigilancia y actividades de contra inteligencia en los países a través de la región. También ha demostrado sus fallas en su obligación internacional de proteger al personal diplomático [estadounidense]. La planeada transición política de esta primavera [momento en que la Asamblea Nacional de ese ese país eligió el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros] es improbable que cambie ese enfoque, disminuya las posiciones de influencia que tienen los militares o altere su cooperación con Rusia, China e incluso Corea del Norte en diferentes asuntos de seguridad, políticos y económicos. La negativa influencia de Cuba en Venezuela […] es evidente en el incremento de las tácticas autoritarias y de los abusos contra los derechos humanos del régimen de Maduro (Tidd, 2018).
Esa última idea fue retomada por el vicepresiente Mike Pence en su discurso ante la VIII Cumbre de las Américas. Entre otras ideas ofensivas hacia Cuba que inmediatamente fueron rechazadas por el canciller de ese país, Bruno Rodríguez (Rodríguez, 2018), Pence afirmó que “la dictadura cubana no solo hostiga a su propio pueblo”, sino que también ha “tratado de exportar su fallida ideología a toda la región y está ayudando y apoyando a la dictadura corrupta de Venezuela” (Pence, 2018).
3. Esos retrocesos en la que denominé “anormalización de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba” (Suárez, 2015), al igual que las antes referidas agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, son congruentes con el objetivo de la maquinaria burocrático-militar, así como de los más recientes dos gobiernos temporales demócratas y republicanos de Estados Unidos (los encabezados por George W. Bush y Barack Obama) de neutralizar, debilitar y donde y cuando le sea posible derrocar a algunos gobiernos de los 12 estados latinoamericanos y caribeños actualmente integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); en particular a los que desafían la seguridad imperial estadounidense. Al respecto, Tidd señaló:
La expansión de puertos y accesos logísticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela provee a Rusia una persistente y perniciosa influencia, incluida la colección más frecuente de [información de] inteligencia marítima y una visible proyección de fuerzas en el Hemisferio Occidental. El santuario de robustas relaciones con esos tres países le habilita a Rusia una plataforma para apuntar hacia los Estados Unidos y las facilidades y activos de sus socios, ejercer una negativa influencia sobre los gobiernos no democráticos y para el empleo de opciones estratégicas en la eventualidad de una contingencia global (Tidd, 2018).
Aunque después de los resultados favorables a los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de las elecciones municipales realizadas en octubre de 2017 (refrendadas por los observadores de la OEA), se han ralentizado las gestiones que desde el 2016 venían realizando varios senadores y representantes demócratas y republicanos para aplicarle algunas sanciones económicas al gobierno presidido por el líder del FSLN, Daniel Ortega, durante la administración Trump se ha registrado una sensible disminución de los fondos de la “asistencia humanitaria y para el desarrollo” que le había venido ofreciendo al gobierno nicaragüense la administración precedente (Security Assistance Monitor, 2018).
4. Algo parecido ha ocurrido en el caso de Bolivia; cuyo gobierno reiteradamente ha denunciado la constante injerencia de los más recientes gobiernos y de la Embajada estadounidense en los asuntos internos de su país (Tellería y González, 2015; Quintana, 2016). Y, más recientemente, sus conspiraciones con diferentes partidos y organizaciones no gubernamentales de la oposición con vistas a tratar de desestabilizar al gobierno boliviano, así como a lograr que estos presenten un candidato único para tratar de derrotar las aspiraciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y de la mayor parte de las organizaciones populares bolivianas de lograr la reelección del actual presidente boliviano Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, en los comicios que se realizarán a fines del 2019.
Pese a que no se refirió a esos comicios, en su antes mencionado statement, Tidd detalló las acciones que han venido desarrollando las diversas unidades integrantes de ese comando con vistas a estrechar sus relaciones con las fuerzas militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Si estas siguen avanzando, se consolidará un cerco político-militar alrededor de Bolivia. Mucho más si prosperan las tratativas entre los actuales gobiernos de Argentina (presidido por Mauricio Macri) y de Estados Unidos orientadas a estrechar sus relaciones en los diversos campos de “la seguridad” y a instalar una Locación de Seguridad Cooperativa (SCL, por sus siglas inglés) en la región del Chaco, fronteriza con Bolivia y Paraguay.
Según diversas informaciones, esa posibilidad se planteó durante las mencionadas visitas realizadas a Argentina por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y por el ahora ex secretario de Estado, Red Tillerson. En cualquier caso, pocos días después de esa última visita, Tidd le indicó al CSAS: “En lo que queda de este año vemos tremendas oportunidades para profundizar nuestras relaciones con esos importantes aliados [suramericanos], así como para revivir nuestros mutuamente beneficiosos acuerdos de cooperación con Argentina y Ecuador” (Tidd, 2018).
5. En lo que atañe al gobierno de este último país (presidido por Lenín Moreno), esa afirmación comenzó a concretarse en la visitas que realizaron a Quito en febrero de este año el entonces subsecretario del Departamento de Estado, Thomas Shannon, y un mes después el teniente general Joseph Di Salvo y la embajadora Liliana Ayalde, segundo jefe y asesora de política exterior del SOUTHCOM, respectivamente. Ambos sostuvieron reuniones con el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas ecuatorianas y con su actual ministro de Defensa, Patricio Zambrano.
Según la Embajada de Estados Unidos, esa reunión tuvo por objetivo “intercambiar ideas y reiterar su compromiso para impulsar su asociación y fortalecer la histórica amistad” entre su país y Ecuador. Estas, a decir de la Ayalde, están “viviendo un momento muy positivo” (Romero, 2018). Entre otros propósitos, esas acciones buscan distanciar al gobierno ecuatoriano de sus compromisos con el ALBA y en particular de los acuerdos adoptados en su más reciente Cumbre efectuada en Caracas el 5 de marzo para coordinar las acciones que desarrollaron los gobiernos de sus estados miembros durante la VIII Cumbre de las Américas.
A diferencia de casi todos los mandatarios de los estados integrantes de esa alianza, Lenin Moreno asistió a esa cumbre; pero tuvo que regresar a Quito para encarar la situación que le planteó el asesinato de dos periodistas en su frontera con Colombia. Previamente, el gobierno de ese país y el SOUTHCOM le ofrecieron apoyo a las fuerzas militares ecuatorianas para realizar operaciones conjuntas en esa región con vistas a enfrentar el que en su discurso en la VIII Cumbre de las Américas, Mike Pence, denominó “desafíos que nos plantean” las fuerzas “marxistas narco-terroristas que brutalmente asesinaron a dos periodistas y su chofer en Ecuador” (Pence, 2018).
6. Esos acercamientos al actual gobierno y a las fuerzas armadas ecuatorianas se articulan con las presiones que ha venido ejerciendo la actual administración estadounidense sobre los gobiernos de los pequeños estados insulares del Caribe Oriental integrantes del ALBA con vistas a que abandonen las posiciones de defensa de la soberanía y a la autodeterminación del pueblo venezolano que impidieron que la mayor parte de los gobiernos de los 14 estados independientes integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) respaldaran las persistentes gestiones emprendidas por el actual secretario General de la OEA, Luis Almagro, dirigidas a aplicarle al gobierno venezolano las estipulaciones de la Carta Democrática Interamericana. Hasta ahora esas presiones y las artimañas de Almagro (oportunamente denunciadas por el Primer Ministro de San Vicente y la Granadinas, Ralph Gonsalves) solo han logrado producir un cambio en las posiciones adoptadas por el actual gobierno de Santa Lucia. Este se incorporó al llamado Grupo de Lima y, junto a los de Bahamas y Guyana, firmó la mencionada declaración contra el gobierno venezolano aprobada en los corrillos de la VIII Cumbre de las Américas.
7. De ahí que la ampliación del apoyo de los demás gobiernos integrantes de la CARICOM a las políticas estadounidenses contra la Revolución Bolivariana estuvieran entre los objetivos de la visita que realizó Tillerson a Jamaica. En esta defendió los supuestos beneficios que le reportarán a todos los estados caribeños integrantes de PETROCARIBE la aceptación de la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe previamente emprendida por la administración de Barack Obama con el propósito de eliminar la “dependencia energética y financiera” que estos presuntamente tienen del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Así lo adelantó el subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, David Malpass, en la conferencia quepronunció el 2 de febrero del 2018 en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. En esta indicó:
Como Venezuela ha colapsado, hemos visto el hundimiento de su intento de proyectar su influencia en la región. Nos congratula que los países receptores de PETROCARIBE hayan tenido tiempo para ajustarse a la incapacidad de Venezuela para cumplir sus compromisos […] y esperamos que las naciones de la región utilicen la oportunidad para diversificar sus importaciones de energía, incluidas la del más eficiente gas natural (Malpass, 2018).
Tal propósito se vincula al proyecto estratégico que –según indicó Tillerson antes de su democión– continuará desarrollando la actual administración republicanacon vistas a lograr que desde ahora hasta el 2030 las principales empresas trasnacionales estadounidensesse conviertan en las principales suministradoras de gas natural, así como proveedoras de la infraestructura y las tecnologías vinculadas con las multimillonarias inversiones (70 mil millones de dólares) “en nuevas plantas eléctricas para impulsar su crecimiento económico” que se emprenderán en diversos estados del hemisferio occidental (Tillerson, 2018).
Según la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, tal propuesta les fue reiterada por el Secretario de Estado interino, John J. Sullivan, en la reunión que sostuvo en “los márgenes de la Cumbre de las Américas” con los Jefes de Gobierno y/o los Ministros de Relaciones Exteriores de Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Santa Lucía. En esta reunión, Sullivan “también discutió la necesidad de apoyar la unidad hemisférica para apoyar al pueblo venezolano y su derecho a tener una voz en el gobierno a través de unas elecciones libres y limpias”. A su vez, Sullivan y “los líderes caribeños” acordaron continuar sus compromisos con las Iniciativas para la Seguridad y para la Seguridad Energética del Caribe, al igual que sus esfuerzos para enfrentar “los desastres y las emergencias” que frecuentemente se producen en esa subregión (Nauert, 2018).
Lo antes dicho también se relaciona con las acciones desplegadas por el SOUTHCOM con vistas a lograr que “sus socios caribeños, como Trinidad y Tobago y las organizaciones multinacionales de esa región” (entre ellas el Sistema Regional de Seguridad y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencia y Desastres), al igual que República Dominicana continúen emprendiendo acciones conjuntas con las fuerzas militares y aeronavales, el igual que con otros departamentos y agencias del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (HSD, por sus siglas en inglés) con el pretexto de “interrumpir el tráfico de drogas y armas”, prevenir la extensión de “redes extremistas” y cooperar en la respuesta a los mal denominados “desastres naturales” que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, afectan a los estados y territorios de la Cuenca del Caribe (Tidd, 2018).
Las falacias de esa última afirmación se pusieron de manifiesto en el escaso apoyo ofrecido por el actual gobierno estadounidense (22 millones de dólares) a los gobiernos de los estados independientes y “territorios no independientes” del Caribe insular gravemente afectados en el 2017 por los poderosos huracanes Irma oMaría: Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Bahamas, Saint-Martin ySaint Maarten. Estas dos últimos bajo el control de Francia y Holanda, respectivamente.
8. El carácter engañoso de esas promesas de Sullivan también se había evidenciado en la actitud grotesca asumida por Donald Trump frente a la tragedia humanitaria (según diversas y documentadas denuncias provocó de manera directa o indirecta más de mil muertos) y a los multimillonarios daños a la fragilizada infraestructura del mal llamado Estado Libre Asociado con Estados Unidos instaurado desde 1952 en Puerto Rico.
Tal conducta fue y es consistente con las acciones que, desde la administración de Barack Obama, han venido emprendiendo sus autoridades gubernamentales y el congreso estadounidense con vistas a fortalecer su dominación colonial sobre “ese territorio no incorporado a los Estados Unidos”, aprovechando la profunda crisis económica, fiscal, social y ecológica en la que han sumido a su cada vez más disminuidos habitantes (la mayor parte vive y trabaja en Estados Unidos) los corruptos gobiernos “autonomista” o “anexionistas” que los han mal gobernado en los lustros más recientes.
En la misma dirección apuntan las diversas acciones emprendidas antes y después del huracán María por la denominada Junta de Control Fiscal (nombrada por el Congreso de Estados Unidos y respaldada por Obama y de Trump) para concluir la privatización y desnacionalización de las empresas y otra instalaciones estatales que aún perduran en Puerto Rico, así como para cercenar los derechos sociales, económicos y culturales adquiridos mediante sus multiformes luchas de su pueblo, al igual que para “convertir en ley las dictatoriales medidas de austeridad que la Junta de Control Fiscal pretende imponer sobre la clase trabajadora puertorriqueña a los fines de aumentar sus ya altos niveles de explotación con el objetivo de asegurarle las ganancias a sus socios del gran capital y pretender pagar la impagable deuda pública del país” (Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, 2018).
9. Los constantes chantajes de la actual administración estadounidense sobre el cada vez más desprestigiado y entreguista gobierno mexicano presidido por Enrique Peña Nieto para que acepte “la modernización”favorable a “los intereses nacionales” de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, para que a cambio de que el actual presidente de los Estados Unidos no cumpla su amenaza de abandonar ese leonino tratado, las autoridades mexicanas apoyen (como lo han venido haciendo) las políticas estadounidenses contra Venezuela y para que las fuerzas militares y navales mexicanas asuman mayores responsabilidades y costos en su sangrienta “guerra contra las drogas”, al igual que en la defensa de la seguridad de los Estados Unidos en el hemisferio occidental; en especial,en Belice y en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala.
Los detalles de las “operaciones multinacionales y transregionales” que han venido realizando el SOUTHCOM en conjunto con las fuerzas militares y de seguridad de esos tres países, así como con las de México y Belice fueron difundidos por el almirante KurtTidd en el statementque he venido refiriendo en este escrito. No tengo espacio para referirme a ellos; pero si me parece necesario indicar que esas operaciones conjuntas fueron uno de los frutos de la Conferencia sobre la Seguridad de Centroamérica efectuada en abril del 2017 en Cozumel, México. Por primera en su historia esta fue auspiciada por los actuales jefes de los comandos Norte y Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, así como por los Secretarios del Ejército y la Marina de guerra mexicana.
De ahí que, al igual que ya había hecho su antecesor, el general William Gortney (Gortney, 2016), en su posture statement ante el CSAS la actual Jefa del Comando Norte de la las fuerzas armadas y del Comando de Defensa Aéreo Espacial de América del Norte (NORTHCOMy NORAD, por sus siglas en inglés),la general de la Fuerza Aérea Jori Robinson, ensalzó “el florecimiento” de las sistemáticas interrelaciones entre su comando y sus “socios”de la Secretaria Nacional de Defensa y de la Armada de México (Robinson, 2018). Y agregó:
Mientras las fuerzas armadas mexicanas continúan la lucha contra-narcóticos en apoyo a los esfuerzos combinados con nuestras fuerzas para el cumplimiento de la Ley, sus líderes están emprendiendo esfuerzos concertados que les permitan participar de manera más amplia en la seguridad regional y proveer liderazgo en materia de defensa a través de América Latina. Esos esfuerzos de nuestros socios mexicanos refuerzan nuestra propia seguridad nacional, mientras realizan significativas contribuciones a la seguridad de América del Norte como un todo. El NORTHCOM mira en el futuro una duradera alianza con nuestros vecinos (Robinson, 2018).
Esas afirmaciones, junto a las acciones emprendidas por la actual administración republicana para fortalecer la subordinación de las autoridades mexicanas a los intereses y necesidades geoestratégicas y geoeconómicas de los Estados Unidos contribuyen a explicar “las preocupaciones” que han venido expresando públicamente diversos congresistas republicanos y altos funcionarios del gobierno temporal de Donald Trump, respecto a la posibilidad (reconocida en diferentes encuestas) de que el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, finalmente logre triunfar en las elecciones presidenciales que se realizarán en México el 1º de Julio de este año.
Así lo expresó el actual Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, general retirado John Kelly, y el senador republicano John Mc Cainen una audiencia del Comité de Seguridad de la Patria y Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense efectuada el 5 de abril del 2017. Fueron tantas las resonancia de esa declaración, que en la conferencia de prensa efectuada después de una reunión que sostuvieron el 18 de mayo de ese año en Washington los entonces secretarios del HSD y de Estado, Kelly y Tillerson, con sus correspondientes contrapartes mexicanas, Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, con vista a analizar “los desafíos que los carteles transnacionales de la droga le plantean a ambos países”, el canciller mexicanose vio obligado a criticar la injerencia de Kelly “en los asuntos internos de su país” (The Washington Examiner, 2017).
Según las informaciones más recientes, esa preocupación por el calendario electoral de México y de los comicios intermedios que este año se realizarán de Canadá y en Estados Unidos siguió presente entre los principales negociadores de esos tres países que se reunieron durante la VIII Cumbre de las Américas para tratar de concluir un acuerdo antes de mayo del presente año. Así lo indicó Mike Pence en el discurso que pronunció en ese evento. En este indicó: “Me place informarles que Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con Canadá y con México para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros creemos que estamos muy cerca de arribar a ese acuerdo, y nosotros seguiremos trabajando seriamente para hacerlo realidad” (Pence, 2018). Horas después se reunió de manera separada con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y con el presidente de México Enrique Peña Nieto. Según algunas informaciones de prensa, en esa “tensa reunión”, Pence abordó el tema del TLCAN, pero no se refirió al irritante “muro” que Donald Trump está empeñado en seguir construyendo con financiamiento mexicano en la frontera entre ambos países.
10. En razón de las constantes injerencias de las autoridades oficiales estadounidenses en los asuntos internos y externos de todos los estados latinoamericanos y caribeños, los inconsecuentes reclamos del canciller mexicano antes aludidos no han sido respetados por John Kelly. Muchos menos porque, en razón de las responsabilidades que durante cuatro años ocupó en el SOUTHCOM, él es el más alto funcionario de la administración de Donald Trump poseedor de amplios prejuicios y conocimientos sobre las realidades latinoamericanas y caribeñas.
Tan así es que a Kelly se le atribuyó el diseño del Plan aprobado por la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica que, por primera vez fue auspiciada por los gobiernos de Estados Unidos y de México. Esta se efectuó en Miamientre el 15 y 16 de junio del 2017 y en ella también participaron el vicepresidente Mike Pence y el Secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin. Su primera sesión se realizó en las instalaciones de Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés) y la segunda en la sede del SOUTHCOM instalada en esa ciudad.
Eso último evidenció el carácter militarista de las iniciativas para la prosperidad y la seguridad de Mesoamérica (y por extensión hacia el resto de América Latina y el Caribe) que está impulsando la actual administración estadounidense. Sobre todo porque criminalizan las tradicionales corrientes migratorias de mexicanos y centroamericanos hacia ese país al unificarlas con fenómenos que tienen diferentes etiologías como la producción, el tráfico y el consumo de drogas y otros delitos conexos (incluida la trata de personas, el tráfico de precursores y el “lavado de dinero”), “el terrorismo”, las “maras” y otras expresiones del “crimen transnacional organizado”, así como “la corrupción” política y administrativa también presentes en los Estados Unidos.
Según el comunicado difundido por el HSD, en esa conferencia todos los participantes reafirmaron su apoyo a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica elaborada a fines del 2014, con la asesoría del BID y con el apoyo de la administración de Barack Obama, por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. También discutieron políticas para “promover inversiones” de compañías privadas estadounidenses y de otros países en la región y “facilitar su crecimiento sostenible”. Asimismo “vías tangibles para combatir el crimen organizado y promover la cooperación de seguridad regional, mejorar la seguridad ciudadana y realzar el papel de la ley”. Y, en confluencia con los propósitos declarados de la actual administración estadounidense, se añadió:
Una Centroamérica segura y estable contribuye a un Estados Unidos seguro y más próspero mediante la ayuda a asegurar sus fronteras, proteger a los ciudadanos estadounidenses e incrementar las oportunidades para los negocios de ese país. El comprometimiento de los Estados Unidos en Centroamérica apunta a destruir las organizaciones del crimen transnacional, combatir el tráfico de drogas y detener las migraciones ilegales, así como a incrementar las inversiones de sector privado para crear empleos y oportunidades económicas en la región (HSD, 2017). En correspondencia con todos esos propósitos, en su posture statement ante el CSAS, el almirante Kurt Tidd indicó que veía “una gran oportunidad para construir la cooperación multinacional que caracteriza esos esfuerzos internacionales de interdicción”. En ese contexto mencionó la Operación KRAKEN, “en la cual los Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica identificaron las rutas marítimas ilegales en los litorales de América Central”y las operaciones HORNET (realizada por fuerzas del SOUTHCOM, junto a las fuerzas militares de México y Guatemala) y TOGETHER FORWARD, en la que soldados estadounidenses trabajaron con sus contrapartes en Guatemala, Honduras y el Salvador para “mejorar la colaboración transfronteriza” contra las amenazas que le plantean a la seguridad nacional de los Estados Unidos las “redes criminales y extremistas y sus fuentes financieras” que operan a lo largo de esa subregión” (Tidd, 2018). Todas ellas volverán a realizarse durante el presente año.
La inmoralidad de esos enfoques sobre “la seguridad”, “la estabilidad” y “la prosperidad” de los “estados democráticos conectados valores e intereses económicos compartidos” incluidos en las referencias al hemisferio occidental que aparecen en la flamante Estrategia de Seguridad Nacional Estados Unidos, nuevamente pudo comprobarse en el decidido respaldo de sus artífices a la fraudulenta relección de Juan Orlando Hernández en las elecciones presidenciales realizadas en Honduras en noviembre de 2017. Asimismo, en el silencio cómplice del Departamento de Estado frente a la sangrienta represión que desataron algunos de los destacamentos militares hondureños previamente entrenados en los Estados Unidos contra todos los sectores populares que de manera pacífica e inerme se lanzaron a las calles a defender la victoria del candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
11. Algo parecido puede decirse con relación a los continuos asesinatos de dirigentes sociales, así como de familiares y excombatientes de las otrora llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (que, después de “dejar las armas” y de su incorporación a vida política legal de ese país, se han denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) que se han venido produciendo después de la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz firmados a fines de noviembre de 2016 entre el jefe del Estado Mayor de esa organización, Rodrigo Londoño (alias Timoshenko), y el presidente de ese país, Juan Manuel Santos.
En mi criterio, en la base del reiterado respaldo que le ofrecieron el presidente Donald Trump (en ocasión de la visita que Santos le realizó en mayo de 2017), así como el vicepresidente Mike Pence y el exsecretario de Estado Rex Tillerson durante sus correspondientes visitas a Colombia a la manera mezquina y sesgada en que las actuales autoridades oficiales de ese país han venido implementando los acuerdos de paz, se encuentran la identificación de esos y otros prominentes funcionarios dela actual administración republicana (incluidos John Kelly, y el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y alto oficial de la CIA, Juan Cruz) con las posiciones de los diversos partidos y sectores de la “ultraderecha colombiana”, liderados por el expresidente Álvaro Uribe.
Esto se evidenció en las declaraciones que realizó Kelly en junio de 2017. Según la agencia cablegráfica española EFE, en estas señaló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “está acorralado” y que su jefatura sería «estúpida» si no firma un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano. Y agregó que, en su consideración: «Las FARC, y en el mismo sentido el ELN, no vienen a la mesa de negociaciones sobre la paz porque son fuertes, vienen porque tienen a soldados, marineros, almirantes y marines que los han vencido y ahora tratan de sobrevivir». Acto seguido señaló: “Si alguna vez tuvieron el apoyo del pueblo de Colombia hace 50 o 60 años, ahora el pueblo colombiano [sic] las ha reconocido por lo que son, criminales» (EFE, 2017).
A lo dicho debe agregarse que, según indicó durante la visita que realizó a Colombia en los primeros meses del 2017 el subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield, en las leyes estadounidenses, las FARC todavía están calificadas como “una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo y un organismo de terrorismo internacional” (El Tiempo, 2007). Asimismo, la enorme importancia que siempre le ha ofrecido la maquinaria burocrático-militar de los Estados Unidos a su estrecha “alianza” con sucesivos gobiernos colombianos y con las represivas Fuerzas Militares de ese país. Así lo reiteró el actual Jefe del SOUTHCOM, tanto en su referido statementante al CSAS, como durante la visita que realizó a Colombia a mediados de marzo del presente año.
En la primera de esas ocasiones señaló: “El apoyo a Colombia en la solución de sus problemas en los marcos del acuerdo de paz se mantiene en nuestros intereses, ya que continúa facilitando su liderazgo regional y su papel como un exportador neto de seguridad”, tanto regional como globalmente. “Nuestros aliados colombianos” pueden ofrecerle “útiles lecciones de seguridad” a México, Centro América y el Caribe a través del Plan de Acción para la Seguridad Regional firmado con Estados Unidos en el 2012 (Tidd, 2018).
Cabe recordar que, según los datos disponibles hasta el 2014, en los marcos de ese plan las Fuerzas Militares colombianas le habían ofrecido entrenamiento a más de 30 000 oficiales militares y policiales de diversos países del mundo y en especial de México, Centroamérica, Ecuador y Perú. Tales cifras deben haberse incrementado en los años posteriores. Pero, en cualquier caso, aunque en montos menores que en los años anteriores, en el presupuesto del año fiscal (FY) 2017-2018 y en la solicitud presentada por la Casa Blanca al Congreso para el FY 2018-2019, Colombia sigue siendo el principal receptor de ayuda militar en el hemisferio occidental (Security Assistance Monitor, 2018).
De ahí, de los resultados de los Diálogos anuales que se siguen desarrollando entre los Ministros de defensa y de relaciones exteriores de ambos países, así como del destacado papel que ha venido desarrollando el gobierno colombiano en sus planes agresivos contra Venezuela el interés que tenía el presidente Donald Trump de visitar Colombia inmediatamente después de concluida la VIII Cumbre de las Américas y, al suspenderse esa visita, las conversaciones que durante esa cita sostuvo Mike Pence con Juan Manuel Santos.
12. Según las denuncias que se han realizado, como parte de las acciones previstas por el SOUTHCOM para emprender una eventual “intervención regional humanitaria” en Venezuela, en noviembre de 2017 unidades de las fuerzas armadas estadounidenses participaron, junto a sus pares brasileñas, colombianas y peruanas en la Operación Américas Unidas, considerada el primer ejercicio militar multinacional que, a lo largo de la historia, han organizado las fuerzas armadas brasileñas en la triple frontera existente entre esos tres países, relativamente cercana a los limites suroccidentales de Venezuela con Brasil.
Ese ejercicio –justificado en su enfrentamiento conjunto a las “organizaciones criminales” que operan en esa región— demostró la profundización que se ha producido en las relaciones políticas y, sobre todo, militares entre los Estados Unidos y Brasil durante los casi dos años del espurio, corrupto y cada vez más impopular gobierno de Michel Temer; quien,coincidiendo con la visita que realizó a Brasil el Jefe del Ejército del SOUTHCOM, mayor general Clarence Chin, aprobó el convenio de intercambio de informaciones y de cooperación en tareas de investigación-desarrollo en la esfera militar firmado en marzo de 2017 entre los ministerios de defensa de ambos países.
A decir del Jefe de la Secretaria de la Defensa del Ministerio de Defensa de Brasil, Flávio Basilio, ese acuerdo no requirió la aprobación del Congreso brasileño, lo que posibilitará “establecer cualquier tipo de cooperación militar con los Estados Unidos” (BBC-Brasil, 2017).En esa comprensión, como parte de ese acuerdo en octubre del 2017 se realizó Washington “un encuentro sobre la industria militar de ambos países” y en los próximos años el ejército brasileño organizará un Batallón de infantería que, en el 2020, se entrenará junto a una Brigada del Ejército estadounidense ubicada en Fort Polk, Luisiana (BBC-Brasil, 2017).
Sin dudas, esos y otros compromisos (como la coordinación de acciones entre las fiscalías y los Ministerios de Justicia de ambos países para “combatir la corrupción” en Brasil),junto a las diferentes acciones que han venido debilitando a las principales empresas estatales brasileñas (incluida PETROBRAS) y a las antipopulares leyes en el terreno económico-social aprobadas por el congreso y por el presidente Michel Temer, será una de las herencias más nefastas que éste le dejará al mandatario que resulte electo en los comicios presidencialesque se desarrollarán en ese país en octubre del presente año. La “legitimidad democrática” de esas elecciones ha quedado cuestionada como consecuencia de todas las medidas punitivas que ha venido emprendiendo el cada vez más politizado “poder judicial”, así como otros poderes fácticos (incluidas las fuerzas armadas y los grandes medios privados de desinformación masiva) para criminalizar, encarcelar y tratar de impedir que el Partido de los Trabajadores y otras importantes fuerzas socio-política popularespuedan mantener la candidatura presidencial del expresidente LuizInácio Lula Da Silva. Como seguramente se reconfirmará en la ya anunciada visita que en mayo del presente año realizará a Brasil el vice-presidente Mike Pence, todas esas acciones han contado y seguirán contando con el apoyo del gobierno de Donald Trump, interesado, al igual que su antecesor demócrata, en evitar que Brasil se transforme en una potencia contestaria a los intereses geopolíticos y geoeconómicos “globales” y hemisféricos de los grupos dominantes, los poderes fácticos y la maquinaria burocrático-militar estadounidense.
Tambiénen enterrar definitivamente la reforma y ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) impulsada, a pesar de la oposición del gobierno paraguayo presidido por Horacio Cartes, por los entonces mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay: Cristina Fernández, Dilma Rousself y José Mújica, respectivamente. Asimismo, en seguir paralizando el funcionamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y en continuar evitando la implementación de los más importantes acuerdos adoptados por los anteriores o actuales mandatarios de los 33 países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En particular, como se demostró antes y durante de la VIII Cumbre de las Américas, los principales contenidos de la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobados en la III Cumbre de esa organización de concertación política y cooperación efectuada en La Habana en enero del 2013. A pesar de las reiteradas inconsecuencias de los gobiernos latinoamericanos y caribeños actualmente integrantes del Grupo de Lima, los contenidos de esa declaración fueron ratificados en todas sus cumbres posteriores, al igual que en la Declaración final de la Segunda Reunión Ministerial del Foro CELAC-China (FCC) celebrada en Santiago de Chile el 21 y el 22 de enero de presente año (XINJUA, 2018). Sin mencionarla por su nombre, en esta se criticaron las más reaccionarias definiciones de la política exterior, económico-comercial y medio ambiental que ha venido impulsando la administración de Donald Trump.
13. Como ya se indicó en este escrito, junto con Rusia, la República Popular China ha sido catalogada por esa administración como una de las “potencias revisionistas” que, a decir del exsecretario de Estado, Rex Tillerson, desafían los vigentes enunciados de la Doctrina Monroe. De ahí, lasya referidas acciones político-militares que su maquinaria estatal ha venido desarrollando en el continente americano desde el 2017. Asimismo, las diversas iniciativas en el terreno económico, comercial, energético y financiero quese habíanvenido implementando o elaborando con vistas a que Donald Trump las presentara en la reciente Cumbre de las Américas y/oen la Cumbre del G-20 que se realizará en Buenos Aires en noviembre del presente año.
Algunos de los propósitos de esas iniciativas se volverá después; pero conviene adelantar que, aunque Trump no asistió a la primera de esas cumbres, todas ellas fueron impulsadas por la amplia delegación estadounidense encabezada por su vicepresidente Mike Pence; quien comenzó su discurso en la VIII Cumbre de las Américas recabando el apoyo público de los gobiernos latinoamericanos y caribeños a la agresión que un día antes habían emprendido las fuerzas armadas estadounidenses, británicas y francesas contra Siria y culpando a Rusia y a Irán por su “apoyo, equipamiento y financiamiento al régimen criminal de [Bachar] al-Assad”.
Acto seguido anunció la decisión de la actual administración de solicitar que Estados Unidos sea la sede de la IX Cumbre de las Américas que deberá efectuarse el 2021, como otra demostración de la convicción que tiene el presidente Donald Trump de que necesita de “sus vecinos y amigos” del hemisferio occidental para poder convertir en realidad su promesa de lograr, primero que todo, “la seguridad y la prosperidad” de los Estados Unidos; ya que –a decir de Pence— su consigna “America first does no mean America alone” (Pence, 2018).
No tengo espacio para referirme a otros de los contenidos de su discursoque no se han mencionado en las páginas anteriores; pero creo necesario resaltar que este fue complementario al discurso que dos días antes había pronunciado el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, en el Foro Empresarial de las Américas. Según las informaciones cablegráficas recibidas,después de hacer un sesgado análisis de las relaciones económico-comerciales que China tienen con América Latina y el Caribe, él afirmó que “Estados Unidos no dejará el liderazgo comercial en su propio continente en manos de países autoritarios” (Reuters, 2018; EFE, 2018).
Tal afirmación fue consistente con las que había adelantado el subsecretario del Departamento del Tesoro, David Malpass, en su conferencia ya referida. Según indicó, en la perspectiva de la Cumbre de las Américas, ese departamento y otras dependencias de la administración habían venido elaborando la que denominó “Alianza para el Crecimiento Mutuo, la Trasparencia y el Rol de la Ley”, algunos de cuyos componentes apuntan a tratar de contrarrestar los avances registrados en las que él denominó “relaciones no mercantiles de China” con diversos estados latinoamericanos y caribeños, al igual que los resultados del FCC antes mencionado. Al respecto enfatizó:
Quiero dejar claro que los compromisos con China pudieran beneficiar a la región [América Latina y el Caribe] si sus términos fueran justos y sus proyectos estuvieran orientados al mercado. China ha invitado al grupo de la CELAC a sumarse a la Franja y la Ruta [de la Seda] que seguramente tendrá más beneficios para China que para los puebles de esas naciones. Como dijo ayer el Secretario Tillerson, “China ofrece la apariencia de un atractivo sendero para el desarrollo. Pero en realidad frecuentemente envuelve ganancias de corto plazo en función de una dependencia en el largo plazo” (Malpass, 2018).
Inmediatamente después se refirió al rechazo de la actual administración republicana a la “selección inicial de China como anfitriona de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se realizará el 2019” (Malpass, 2018). También adelantó que tanto la Cumbre de las Américas y del G-20, como la Cumbre del G7 que este año se realizará en Canadá le “ofrecerán a los Estados Unidos una oportunidad para renovar su unión política y económica con los países de la regióny una colaboración que ha madurado a lo largo de décadas para reflejar una verdadera asociación basada en el deseo compartido de mirar los éxitos de cada uno de los otros”. Y agregó:
Como parte de esa asociación, discutiremos un número de iniciativas para el crecimiento hemisférico en las que están trabajando el Departamento del Tesoro y la Administración. Juntas, pudieran nombrarse América Crece. Esas iniciativas incrementan el comercio y las inversiones en energía e infraestructura, expanden los flujos de inversiones privadas y profundizar el desarrollo del mercado regional de capitales. Deseamos fomentar el retorno a la democracia en Venezuela, ayudar a incrementan la transparencia y el combate a la corrupción para mejorar el ambiente de los negocios y apoyar los esfuerzos del Triángulo Norte [de Centroamérica] para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad y contener el ímpetu de las migraciones ilegales. Trabajando con la región, aspiramos a mayores oportunidades económicas, mayores ingresos medios y un fuerte respeto al rol de la ley. El ancla de las iniciativas de crecimiento es la necesidad de inversiones en energía e infraestructura.
Acto seguido detalló los contenidos de algunas de esas iniciativas. Entre ellas, la “modernización del NAFTA” y eventualmente de otros acuerdos bilaterales o plurilaterales firmados por Estados Unidos con otros gobiernos latinoamericanos, así como el diálogo de los bancos estadounidenses y sus contrapartes extranjeras para supervisar adecuadamente y estar en capacidad de identificar “transacciones sospechosas”. Igualmente aplaudió las acciones de los gobiernos de los cuatro países integrantes de la Alianza para el Pacífico (México, Chile, Perú y Colombia) por haber emprendido ambiciosas acciones para “desencadenar flujos adicionales de capitales privados para proyectos de inversión”. Y, en ese contexto, señaló: “Nuestros aliados democráticos tendrían que saber y anticipar los beneficios derivados de abrazar y promover las prácticas democráticas. Lo mismo tendrían que saber los autócratas y dictadores y anticipar las consecuencias de sus prácticas antidemocráticas y de sus actos ilegales”. Al igual que después hizo Pence en la VIII Cumbre de las Américas, entre estos incluyó a los presidentes de Cuba y Venezuela a los que calificó como “dictadores represivos”.
A modo de conclusión: una rápida mirada al porvenir
Todos los elementos antes señalados permiten afirmar que en los casi tres años que le quedan al primer y tal vez único gobierno temporal de Donald Trump la maquinaria burocrático-militar y los poderes fácticos estadounidenses desplegarán un conjunto de estrategias mucho más coherentes que la que a veces se le atribuye para tratar de acrecentar las indudables ventajas con que cuentanen el hemisferio occidental con vistas a “proteger a su patria, al pueblo y al modo de vida estadounidense”, “promover la prosperidad de Estados Unidos”, preservar su pax mediante “la reconstrucción de su fortaleza militar” e intentar recuperar sus otrora privilegiadas posiciones, tanto en la economía capitalista mundo, como en el sistema internacional de Estados.
En especial, frente a los desafíos que en ambos “tableros” les ha venido planteado a los grupos transnacionales de la oligarquía financiera estadounidense, así como a los sectores de sus clases dominantes que tienen ligada su suerte al mercado interno la creciente proyección externa de los avances obtenidos por la economía estatal, mixta y privada que funciona en la República Popular China bajo el liderazgo del Partido Comunista y del gobierno de ese país, al igual que la demostrada recuperación del poderío económico-energéticoy tecnológico de la Federación Rusa y su exitoso despliegue político-militar en y allende sus áreas de influencias más inmediatas. Y, vinculado con lo antes dicho, la progresiva, aunque inconclusa institucionalización de un “orden mundial multipolar” antagónico con la hegemonía “unipolar” estadounidense que desde los primeros años del siglo XXI han venido impulsando los sucesivos gobiernos de China y Rusiaen consuno con los gobiernos de diferentes estados centro asiáticos y con la India, Sudáfrica y Brasil. En este último caso, antes del golpe de Estado jurídico-parlamentario y mediático que en mayo del 2016 derrocó a su presidente constitucional Dilma Rousself.
Si mis anteriores criterios fueran acertados, el escenario más probable de las políticas contra la naciones, los pueblos y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe que en los próximos tres años emprenderá la actual administración republicana se caracterizará por sus re-fortalecidos y re-militarizados intentos dirigidos a preservar, ampliar y/oprofundizar, según el caso,los éxitos que obtuvo en diferentes estados del sur político del continente americano la que en otros escritos he llamado “contraofensiva plutocrático-imperialista” emprendida por las dos administración de Barack Obama (Suárez, 2017 b).
Con tales fines la actual administración estadounidense de manera unilateral o en consuno con los gobiernos de los estados integrantes del Grupo de Lima continuará y eventualmente ampliará todas sus acciones dirigidas a tratar de derrotar la Revolución Bolivariana; sobre todo si se cumplen los diversos pronósticos que indican que en los próximos comicios presidenciales será reelecto Nicolás Maduro. También continuará tratando de cooptar al actual gobierno ecuatoriano presidido por Lenin Moreno, utilizando el “momento muy positivo” que están viviendo sus relaciones con Estados Unidos.
En contraste, con mayor o menor intensidad, según el caso, la maquinaria burocrático-militar de ese país seguirá hostigando a los actuales gobiernos de Bolivia, Cuba y Nicaragua, presididos por Evo Morales, Miguel Díaz-Cannel y Daniel Ortega, al igual que a los de los pequeños estados insulares del Caribe Oriental integrantes del ALBA y de PETROCARIBE. En especial a los que, a diferencia del de Santa Lucia, no se han sumado al Grupo de Lima: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas.
Paralelamente, la actual administración estadounidense mantendrá su virtual protectorado sobre Haití y seguirán tratando de coaccionar a los gobiernos de los demás estados de la CARICOM, al igual que al de República Dominicana para que progresivamente abandonen su defensa de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, así como los compromisos que adquirieron con sucesivos gobiernos de ese país en los marcos de PETROCARIBE. Funcional a esos propósitos seguirán siendo las Iniciativas para la Seguridad y para la Seguridad Energética de la Cuenca del Caribe emprendida por la administración de Barack Obama y ahora ampliada con las nuevas propuestas que explayó Rex Tillerson durante su referida visita a Jamaica. Igualmente, con la “Alianza para el Crecimiento Mutuo, la Trasparencia y el Rol de la Ley” que –según el subsecretario del Departamento del Tesoro David Malpass– incorporará las diversas iniciativas ya emprendidas o que en los próximos meses impulse la administración de Donald Trump.
Entre sus objetivos hemisféricos y globales, tal “alianza” perseguirá debilitar todos los organismos de concertación política, cooperación e integración independientes a los dictados estadounidenses creados en los lustros más recientes por algunos o por todos los gobiernos de los estados latinoamericanos y caribeños y, en especial, a la UNASUR y la CELAC. Asimismo a entorpecer o contrarrestar los promisorios acuerdos que algunos de los gobiernos integrantes de esa organización han venido elaborando con la República Popular China. Todo esto irá acompañado por las acciones proactivas que desplegarán el NORTHCOM y el SOUTHCOM para fortalecer sus asimétricas alianzas con las fuerzas armadas y de seguridad de la mayor parte de los Estados latinoamericanos y caribeños.
En ese contexto, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos seguirá emprendiendo diversas acciones proactivas públicas, discretas o encubiertas para en consuno con sus “socios” y “amigos” gubernamentales y no gubernamentales mexicanos impedir, incluso mediante un “mega fraude” y la represión, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales que se realizarán en México en julio del presente año. Y si, a pesar de esas acciones, este triunfara, el actual gobierno estadounidense utilizará todos sus instrumentos de poder (incluidas sus cada vez más fortalecidas relaciones con las fuerzas armadas mexicanas) para tratar de mediatizar o descarrilar la gestión del gobierno de la coalición “Juntos haremos Historia”, liderada por el MORENA.
Eso será así en razón de la enorme importancia geopolítica y geoeconómica que ha tenido, tiene y tendrá el control del territorio y los recursos de ese país para la seguridad imperial estadounidense, así como para el éxito de sus acciones en Belice y en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En esa subregión, su actual administración continuará apoyando todos los planes vinculados a su Prosperidad y suSeguridad; incluidas las draconianas acciones que ha venido impulsando para humillar a “los latinos” documentados o indocumentados residentes en los Estados Unidos, así como para reprimir las mal llamadas “migraciones ilegales” de latinoamericanos y caribeños, así como de otros Extranjeros de Interés Especial para los Estados Unidos que se producen desde o a través del territorio o las aguas territoriales mesoamericanas.
Por consiguiente, a pesar de las corruptelas que los caracterizan, también seguirán respaldando a los actuales gobiernos de Panamá, Guatemala y Honduras, presididos por Juan Carlos Varela, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, respectivamente. Al mismo tiempo seguirá trabajando con el ahora recién electo mandatario costarricense, Carlos Alvarado, para mantener todos los compromisos políticos (como los vinculados a su participación en el Grupo de Lima) y en el campo de la seguridad adquiridos por su antecesor: Luis Guillermo Solís.
Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos mantendrá las presiones y chantajes de todo tipo que siempre han ejercido sobre el gobierno salvadoreño presidido por el líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez Cerén. A pesar de las diferencias que este tiene con diversos aspectos de la política externa estadounidense (en particular con relación a sus políticas agresivas contra Cuba y Venezuela), en este casola actual administración republicana no emprenderá acciones para derrocarlo, confiando en que en las elecciones presidenciales de 2019 será derrotado el aspirante que presente el FMLN. Mucho más por el descalabro que tuvieron buena parte de sus candidatos en las elecciones intermedias que se efectuaron a comienzos del presente año.
Algo parecido puede decirse de la conducta que mantendrá hasta las elecciones presidenciales del 2020 el gobierno temporal de Donald Trump frente al actual gobierno uruguayo presidido por “el pragmático”dirigente del Frente Amplio de Uruguay, Tabaré Vazquez. Sus relaciones con este buscarán que,al menos, su cancillería no abandone las vacilantes posiciones que ha mantenido frente a las acciones desplegadas por los actuales gobiernos de los Estados integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Paraguay) dirigidas a desacreditar al gobierno venezolano, así como frente a la mayor parte de los componentes de la actual política estadounidense hacia América Latina y el Caribe. También buscarán mantener los estrechos vínculos de las fuerzas armadas uruguayas con las fuerzas del SOUTHCOM que operan en Paraguay y en el Atlántico Sur. En esa subregión la maquinaria estatal estadounidense mantendrá su apoyo al cada vez más antipopular y entreguista gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, y respaldará todos las acciones que desplieguen los representantes políticos, militares, judiciales, mediáticose ideológico-culturales de los diversos sectores de la oligarquía financiera brasileña dirigidos a impedir a toda costa (incluyendo la represión) la candidatura presidencial de Lula en las elecciones presidenciales de octubre del presente año. Y, en el improbable caso que no lo logren, respaldarán a los candidatos de los sectores más reaccionarios de la derecha brasileña; ya que, como seguramente se confirmará durante la próxima visita a ese país delvicepresidente Mike Pence, en la perspectiva de su administración el apoyo del actual y del futuro gobierno brasileño le será necesario para cumplir sus objetivos hemisféricos y globales, incluido el debilitamiento del BRIC, de la UNASUR y de la CELAC. Algo parecido puede decirse de la conducta que mantendrá la actual administración estadounidense durante y después de las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia en mayo del presente año. Como casi seguramente ninguno de los diversos candidatos de la fragmentada centro-izquierda política de ese país (ni siquiera el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro) tendrá posibilidades de ganar en la segunda vuelta de esos comicios, lo más probable es que cualquiera que sea el candidato de los partidos tradicionales que resulte electo (Iván Duque o Germán Vargas Lleras), la maquinaria burocrático-militar estadounidense le dará continuidad a todas las acciones previamente emprendidas durante la administración de Donald Trump. Sobre todo por el importante apoyo que siempre les han venido brindando los diferentes gobiernos y las represivas fuerzas militares colombianas para el cumplimiento de los cambiantes objetivos hemisféricos y de algunos de los “extra-hemisféricos” de las sucesivas ESN de Estados Unidos.
Pese a las diferencias existentes entre uno y otro país, casi lo mismo pudiera decirse de las relaciones que mantendrá el actual gobierno estadounidense con el presidente que resulte electo en los comicios presidenciales que se realizarán a fines de este mes en Paraguay, al igual que con los mandatarios de Chile y Perú, Sebastián Piñera y Martín Vizcarra, respectivamente. Como consecuencia de su debilidad política, este último mantendrá todos los acuerdos políticos y militares elaborados con Estados Unidos por su defenestrado antecesor; mientras que, en razón de su procedencia de uno de los principales partidos de la derecha, el segundo tratará de fortalecer las excelentes relaciones que, desde el golpe de Estado contra Salvador Allende, siempre han existido entre los sucesivos gobiernos militares y civiles de ese país (incluidos los dos mandatos discontinuos de Michel Bachelet) con casi todas las administraciones demócratas y republicanas estadounidenses.
Nada de lo dicho o excluido en las páginas anteriores debe interpretarse como que su autor desmerita las contradicciones o diferencias que en el futuro previsible se presentarán entre algunos de los gobiernos latinoamericanos o caribeña (incluso, los de “la derecha”o “la centro-derecha”) y especialmente con aquellos que no compartan todos o algunos componentes de la chovinista, racista, xenófoba, militarista, selectivamente “proteccionista” y “librecambista”, violatoria de los derechos de los migrantes y sus familias, así como muchas veces irrespetuosa y prepotente proyección personal de Donald Trump.
A pesar de la aprobación por consenso del Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente la corrupción”, de una u otra manera, algunas de esas contradicciones se expresaron en la VIII Cumbre de las Américas, tanto es sus eventos oficiales, como en algunos de los foros de la sociedad civil que, organizados por la OEA, se efectuaronprevio a esa cita.
Sin embargo, el repudio mayor a las agresivas políticas contra los pueblos, las naciones y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe que están siendo implementadas por la maquinaria burocrático-militar estadounidense, ahora encabezada por Donald Trump, en consuno con sus “aliados” hemisféricos, se escucharon en la Cumbre de los Pueblos organizada por las diversas organizaciones populares aglutinadas en el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
En ambas Cumbres, en las plurales voces del presidente boliviano Evo Morales, del canciller cubano, Bruno Rodríguez, de varios dirigentes populares y prestigiosos intelectuales latinoamericanos y caribeños volvió a resonar la visionaria advertencia de Simón Bolívar: “…los Estados Unidos […] parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria en nombre de la Libertad”. También el llamado de José Martí a unir a los pueblos y a aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños que estén dispuestos a hacerlo “como la plata en las raíces de los Andes” para enfrentar “el gigante de las siete leguas”.
La Habana, 19 de abril de 2018
* Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Escritor y ensayista integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, al igual que de las cátedras Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar y de Estudios sobre el Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La Habana. Actualmente integra los Grupos de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos y sobre el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Consultivo de ex presidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).
1- En la literatura marxista, siempre se ha diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado-nación, el primero alude a lo que se denomina “la maquinaria burocrática-militar” y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el término “gobierno” alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a los que llamaron “grupos de poder y poderes fácticos”, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término “gobierno temporal” para referir a la administración de Donald Trump; quien, al igual que todos los mandatarios estadounidenses, de una u otra forma, está subordinado al “gobierno permanente” de ese potencia imperialista.
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Les comparto esta nota que me publicaron
https://www.pagina12.com.ar/148595-en-el-mundo-de-trump
Suba de la tasa de interés, deuda y corporaciones
En el mundo de Trump