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En el vórtice de la revolución: Guiteras y el municipio cubano. Por Latvia Gaspe

En la etapa de nuestra historia distinguida como “la revolución del 30”, la institución municipal cubana, primer eslabón de la cadena estatal de la República, fue un importante espacio de disputa entre las fuerzas representativas de la revolución y de la reacción. Antonio Guiteras, como Secretario del gobierno provisional de Ramón Grau San Martín, puso en práctica y proyectó notables modificaciones a sus estructuras de gobierno, para ajustarlas a la realidad del país y apoyar sus esfuerzos de destrucción del Estado oligárquico. Este artículo constituye el primer acercamiento a un tema no estudiado por la historiografía, donde se descubren tácticas de gobierno ideadas por el líder revolucionario, teniendo en cuenta las circunstancias históricas y los objetivos estratégicos de su lucha.

Antonio Guiteras Holmes, adalid de las luchas revolucionarias y antiimperialistas en la década del treinta del siglo XX en Cuba, está catalogado como uno de los pilares del socialismo cubano, imprescindible para comprender la naturaleza y peculiaridad de la Revolución de 1959. Su “socialismo insurreccional”, fue elaborado a partir del conocimiento de nuestra cultura, de la influencia de sectores revolucionarios en el oriente del país, del análisis de la realidad nacional y de las experiencias de liberación de los pueblos latinoamericanos, quienes le aportaron los cimientos ideológicos a su acción.

La incesante labor antimachadista desplegada por el dirigente en Holguín junto a su organización Unión Revolucionaria, propició que fuera muy conocido en todo el país. Refiere un estudioso, que el gobierno de la mediación preparó en aquella ciudad una reunión entre Guiteras, el coronel Pérez Andrés y una comisión de abecedarios, con el objeto de conocer la opinión del líder y ganar su posible colaboración. La respuesta de Guiteras a los aliados del embajador estadounidense fue contundente: “(…) solo seguiría su programa, es decir, castigar a los machadistas con la incautación de sus bienes, la reformación (sic) de la constitución, el señalamiento de elecciones generales y el implantamiento (sic) en la isla de una política socialista”, a través de la lucha armada, que se proyectó iniciar con el ataque al Cuartel de Bayamo; acción que fue frustrada por el alzamiento de soldados y sargentos del 4 de septiembre de 1933.

La Pentarquía, lo designó Delegado Especial de Gobernación en la provincia de Santiago de Cuba y de inmediato, le propuso formar parte del gobierno provisional revolucionario que encabezó Ramón Grau San Martín. Su convicción de que la vía armada era la adecuada para la revolución social, lo obligó a consultar la propuesta con su organización que finalmente lo aconsejó aceptar el ofrecimiento.

Multitudinaria fue la despedida del líder por los holguineros; cuentan que más de cinco mil personas le mostraron su amor y apoyo y que en un discurso que hizo en el Centro de los Veteranos de la independencia, habló de la posibilidad de crear un Partido Socialista. Guiteras ocupó la Secretaría de Gobernación, Guerra y Marina el 10 de septiembre de 1933 con el único objeto de utilizar el alto cargo para trabajar por la Revolución social.

Desde que Tony asumió el cargo en el gobierno de Grau, ya estaban claras las ideas básicas sobre el carácter de la revolución que quería. Revolución que tenía por objeto primordial darle a Cuba un Estado antiimperialista, independiente, que representase a todas las fuerzas del país y que se consagrase a la resolución de las necesidades colectivas de su pueblo, al que le debía ofrecer el bienestar y las ventajas jurídicas, sociales, educacionales y sanitarias que disfrutaba una minoría. Si esos objetivos se alcanzaban —afirmaba, teniendo en cuenta que sus ambiciones para el país eran superiores— “(…) será Cuba el Estado de humana dignidad en que noble y fácilmente se ascienda a modos superiores —ulteriores— de cultura”.

La certeza que tenía de la llegada de la revolución socialista, bien pudiera catalogarse de premonitoria y fue la que condicionó su perseverante esfuerzo por preparar las condiciones para su triunfo: “(…) la época nueva llama a la puerta. Lo que va a ocurrir es inevitable (…) Solo el revestimiento externo de intereses extranjerizos cohíbe ya el libre juego de la nacionalidad cubana que —como cisne al instante de nacer— no necesita otra audacia que moverse para ver rodar hecho pedazos el cascarón opresor.”

El Secretario de Gobernación, Guerra y Marina Antonio Guiteras, una vez en la administración que se había negado a reconocer la Constitución de 1901, y ante la situación del país como resultado de la profunda crisis económica exacerbada por la generalizada rebeldía popular,se dio a la tarea de simplificar la tradicional estructura del gobierno municipal y provincial o lo que es lo mismo, de reducir el aparato burocrático de todos los niveles del gobierno en el territorio nacional.

Según la Ley Orgánica de los Municipios de 1908, los Gobiernos Municipales se dividían en dos cuerpos, un Ayuntamiento formado por varios concejales, que cumplía las funciones deliberativas y de acuerdo, y un Alcalde con sus empleados, que desempeñaba las ejecutivas y de administración. El Ayuntamiento era el órgano fundamental del aparato de gobierno, a él correspondía la libertad de determinar la cantidad de oficinas que lo componían; el nombramiento, destitución, sueldo y funciones de los empleados –—incluyendo a la Policía— y la organización de las Comisiones Permanentes y Especiales en su seno que se correspondían con los distintos departamentos del ejecutivo municipal, para poder fiscalizar el trabajo. Todas las iniciativas y acuerdos de la institución municipal, así como las acciones que realizaba el Alcalde, dependían del estudio y las propuestas de este fundamental cuerpo.

Guiteras entonces, dictó el Decreto No. 1801 de 19 de septiembre de 1933 donde definió la nueva estructura que tendrían estas instancias y las atribuciones que le serían dadas a los Alcaldes de Facto (nombrados), teniendo en cuenta la voluntad de prescindir de todo personal administrativo y gasto financiero que resultase innecesario “a fin de obtener una economía notable y provechosa”.

El Decreto declaraba “vacantes” los cargos de todos los Consejeros Provinciales y de los Concejales de los Ayuntamientos de la República —en el caso de La Habana de los Comisionados del Consejo Deliberativo del Distrito Central— y dejaba frente a los gobiernos la figura de un Gobernador Provincial y un Alcalde Municipal nombrado por el gobierno, para realizar las labores que le fuesen encomendadas. Advertía que, si bien seguirían encargados de la Administración, “no podían ejercer las funciones asignadas por la ley” a los cuerpos suprimidos, con excepciones que se relacionaban con las necesidades inmediatas que pudieran tener los vecinos o contribuyentes del Término como fueron:

a.- Atender la custodia y conservación de las oficinas de esos organismos, sus pertenencias y archivos, y proveer la expedición de certificaciones de acuerdos, y documentos que radicasen en ellos, cuando fuesen solicitados por los interesados.
b.- Atender a las solicitudes de rectificaciones de rentas en los Registros de Fincas Urbanas y Rústicas y cuando lo estimase, ordenar la comprobación y dictar la resolución procedente.
c.- Iniciar gestiones para celebrar algún contrato o tomar algún acuerdo en relación con la prestación de servicios urgentes necesarios como los de Matadero, Mercado, Plantas Eléctricas, etc., elevando todos los antecedentes al Poder Ejecutivo Nacional, que daría la pauta a la cual debía ajustarse el Alcalde.
d.- Preparar los presupuestos y elevarlos al Gobierno Nacional para su aprobación teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: Revisar escrupulosamente el Catastro Municipal de Fincas para llevar al mismo los inmuebles omitidos, y hacer los pagos estrictamente por el orden que figuraban en el cuadro de presupuestos, priorizándose los asuntos de Sanidad y Beneficencia y luego los gastos de Policía.
e.- Si fuese necesario resolver urgente sobre otro asunto de la competencia de los Ayuntamientos, el Alcalde debía comunicar todos los antecedentes a la Secretaría de Gobernación, que indicaría las medidas que deberían adoptarse.

El 30 de octubre de 1933, se autorizó a los Alcaldes de Facto formar en veinte días, “un proyecto de Presupuesto de adaptación” que someterían a la Secretaría de Gobernación, para que con su aprobación surtiera efecto a partir de diciembre de ese año y aclaraba, que en ellos debían figurar los créditos necesarios suficientes para “(…) todas aquellas atenciones indispensables que no admiten espera como socorros, enterramientos, adquisición de medicinas a pobres, conducción de enfermos a los Hospitales, manutención de presos y detenidos en el Vivac de forma y manera que ésta y otras atenciones de la misma índole, puedan prestarse sin dificultad alguna (…)”; limitando los gastos de personal y aconsejando además eliminar todo egreso innecesario. Ya por Decreto 2435 de 27 octubre de 1933, había dispuesto que las provincias auxiliaran a los municipios con un 30% de sus ingresos para la atención de los sectores más pobres.

Como puede verse, el Secretario de Gobernación, teniendo en cuenta la condición de provisionalidad y la situación crítica del país, simplificó el gobierno municipal, centralizando las funciones que consideró de mayor importancia, permitiéndoles a los Alcaldes de facto, ejercer solo aquellas que se relacionaban con los asuntos sensibles y urgentes para los habitantes del Término, además de exigirles la elaboración de los presupuestos donde ordenaba dar prioridad a la resolución de las necesidades de los más desposeídos, y la recaudación y la rectificación de impuestos a pagar al municipio. Esta voluntad también se expresó en las numerosas disposiciones que simplificaron y reformaron a la propia Secretaría de Gobernación que dirigía el líder revolucionario.

Fue una preocupación constante del Secretario de Gobernación revertir la intromisión del cuerpo militar en los asuntos del gobierno civil, evidentes desde el gobierno machadista. Ello se mostró en la voluntad temprana por dar prioridad a la nominación o reconocimiento de Alcaldes de Facto civiles en los municipios cubanos, la suspensión del Cuerpo de Policía Secreta adscrito a la Secretaria de Gobernación “que se prestó a toda clase de abusos” en el gobierno machadista, y la creación en su lugar de un Cuerpo Especial de Agentes de Gobernación para realizar las investigaciones que se le ordenasen.
Su voluntad por apartar a las fuerzas militares del gobierno municipal, lo llevó a cuidarse de suspender algunos decretos que él mismo dictó, debido a graves desórdenes públicos, una vez que estuvieron resueltos. El 24 de noviembre de 1933, dejó sin efecto uno de 12 de noviembre que nombraba al segundo teniente del Cuerpo de Ingenieros Antonio J. Palmer y Álvarez con el carácter de delegado de la Secretaría de Gobernación y Guerra, para que se hiciera cargo del mantenimiento del orden público en el Término de Cárdenas, provincia de Matanzas.

Deben tenerse en cuenta también en este sentido, todas las reformas que implementó dentro del Ejército y la Policía, incluyendo el nombramiento de nuevas figuras y la eliminación de facultades extraordinarias otorgadas por Gerardo Machado al Consejo de Guerra en asuntos que no eran originalmente de su competencia.

Consecuente con su método de concertación entre las heterogéneas fuerzas sociales para resolver sus diferencias, el Secretario de Gobernación evitó el uso de la violencia al dejar establecida una vía para que los pobladores denunciaran las acciones violatorias de los Alcaldes de Facto.

Dispuso por Decreto que cualquier persona natural o jurídica residente en un Término Municipal, que considerara que el Alcalde de Facto infringía las leyes o las dejaba de cumplir o se extralimitaba en sus funciones o procedía con dolo (engaño) en cualquier asunto sometido a su decisión, si se estimaba perjudicada directa o indirectamente, o perjudicado el interés de la comunidad, podía hacer una queja o denuncia ante el Gobernador de la Provincia. En ella se debían precisar los motivos y aportar prueba documentada; en caso de no tener a su alcance las pruebas, podía indicar las formas de obtenerlas. El Gobernador debía elaborar un expediente y si a su juicio no hubiere razones, lo archivaría comunicándolo al denunciante para que acudiera en el término de cinco días al Secretario de Gobernación.

En caso de comprobarse los cargos, se debía avisar al Alcalde y se le concederían diez días para contestarlos y presentar pruebas que confirmasen lo contrario. Una vez terminado este proceso, el Gobernador debía elevar expediente al Secretario de Gobernación quien después de un estudio, propondría al Presidente su parecer. Sería rechazada de plano toda denuncia que fuese repetición o reproducción de otra formulada anteriormente por las mismas causas y motivos.

A fines de octubre de 1933 el gobierno provisional dictó por Decreto No. 2561, reglas para la constitución de nuevos municipios en el país, teniendo en cuenta las numerosas solicitudes hechas a la Secretaría de Gobernación por agrupaciones y vecinos de distintos barrios de la República, y que el Congreso —órgano facultado para estos asuntos—, no funcionaba.

En ellas, respetando el itinerario establecido por la propia Ley Orgánica Municipal de 1908, se exigió que las solicitudes que hiciesen los vecinos de un barrio para constituirse en Municipio, debían estar firmadas por un número no menor del 10% de estos y autentificadas por un Notario de la localidad. Esta solicitud debía remitirse al Alcalde del Término del barrio o barrios interesados, acompañada por un proyecto de los gastos aproximados de la municipalidad que se pretendía, y de los derroteros de la superficie de terreno que habría de comprenderlo.

El Alcalde publicaría la solicitud para que los vecinos pudiesen hacer objeciones en un plazo de 10 días y vencidos estos, debía remitir el expediente al Gobierno Provincial acompañado de una certificación por concepto de los ingresos que recaudaba la Administración Municipal en el barrio o barrios que deseaban separarse y un informe con su criterio particular. El Gobernador Provincial una vez dado su parecer, remitiría el expediente a la Secretaría de Gobernación que en vista de lo que arrojase, propondría a la Presidencia si debía o no crearse nuevo municipio.

Las explicaciones pormenorizadas de los asuntos referidos con anterioridad, demuestran que Guiteras se ocupó por establecer, dentro de las características del gobierno provisional, vías democráticas e imparciales para resolver los asuntos que le fueron ineludibles. En el caso específico de la creación de nuevos municipios, el establecimiento y uso del mecanismo citado manifiesta, que los nuevos Términos Municipales creados por este gobierno, no dependieron de decisiones ajenas a la voluntad de las comunidades involucradas.

Al amparo del Decreto No. 2561, se creó el municipio de Santa Cruz del Norte en la provincia de La Habana, segregado del de Jaruco, por la solicitud que hicieron los vecinos de los barrios de Santa Cruz del Norte, Jibacoa y Boca de Jaruco y de conformidad con el deseo de una Asamblea Magna que se había celebrado en el barrio de Santa Cruz del Norte el 8 de septiembre de 1933.

Este Término fue suprimido antes de constituirse la República de Cuba en 1902, como resultado de las reformas estadounidenses al territorio municipal en su primera intervención al país. En el período republicano los barrios que lo componían en aquel entonces, tuvieron un apreciable incremento de su población como resultado de su principal renglón económico, el cultivo de la caña de azúcar que se molía en la más importante unidad azucarera de la provincia ubicada en sus predios, el Central Hershey, propiedad cubana fundada en 1919. El alcalde nombrado por el gobierno en este momento fue Ángel Ortiz.

En ese mismo mes de diciembre se creó en la provincia de Santa Clara el Municipio de Fomento segregado del de Trinidad, que a diferencia del anterior se fundó en este instante. En el período de 1919 a 1931 su población sufrió también un importante crecimiento como resultado del auge económico basado en la diversificación de sus fuentes productivas que eran tabaco, ganado, frutos menores y caña de azúcar, que se molía en los centrales Santa Isabel y Escambray, ambos propiedad de cubanos. Se nombró como alcalde a Félix de León Rojas.

El 22 de septiembre de 1933, por Decreto no. 1779 dispuso que el municipio nombrado Gerardo Machado de la provincia de Santa Clara, pasaría a denominarse como su ciudad principal, Esmeralda.

Hubo también a lo largo de este gobierno, varios decretos, que establecieron disposiciones que buscaban en su esencia ajustar la recaudación y los presupuestos municipales a la situación de crisis que vivía el país: unas veces condonando la mitad del principal de los impuestos municipales vencidos o las deudas atrasadas y facilitando los pagos; otras dictando disposiciones que favorecieran a los más desprotegidos, y algunas más disponiendo cambios en la ley de contabilidad y de impuestos municipales donde se modificaron y crearon nuevos epígrafes de recaudación.

Pero la labor de Guiteras también estuvo dirigida a buscar el apoyo de los funcionarios municipales en sus proyectos revolucionarios.

Guiteras y los alcaldes revolucionarios.

En medio de la compleja situación nacional, el conocido “Gobierno de los Cien Días” —a la vanguardia del cual estaba su ala izquierda encabezada por Guiteras— dictó también una serie de leyes revolucionarias que se realizaron parcialmente debido a su pronta caída y al enfrentamiento gradual que le hicieron los elementos reformistas y conservadores del régimen, asistidos por Estados Unidos que incidió con su embajador en todos los acontecimientos, e hizo evidente la posibilidad de una intervención militar.

Entre las leyes revolucionarias que se dictaron gracias al “máximo hacedor de entuertos del gabinete de Grau” —como lo calificara el reaccionario Diario de la Marina en esos meses— estuvieron: la creación de la Secretaria de Trabajo, la implantación de la jornada laboral de 8 horas, el establecimiento del jornal mínimo, la nacionalización del trabajo, la sindicalización forzosa, la institución de un sistema de seguros y de retiro para los obreros, el reparto de tierras y proyectos de colonización, la incautación de los bienes de Machado y sus colaboradores, la creación de tribunales especiales para juzgarlos, la municipalización de los bateyes, la rebaja de los precios de los artículos de primera necesidad, la reducción del precio de la energía eléctrica, el establecimiento del desayuno escolar en todas las escuelas públicas, la intervención de los Centrales “Chaparra” y “Delicias” y de la Compañía Cubana de Electricidad ante las maniobras de sus dueños para no cumplir las demandas de los trabajadores, entre otras. Se detectó en el Archivo de Vilaseca, que también ayudó a personas necesitadas de otras regiones del país, a trasladarse a La Habana para atenderse en los hospitales de la capital.

Sin embargo, para la consecución de todas estas pragmáticas, era necesario contar con vehículos que extendieran y apoyaran los “decretos que como enormes martillazos” estaban llamados a romper la máquina gigantesca del Estado burgués. Fue por ello que Guiteras tuvo que desplegar un arduo trabajo de búsqueda y organización de la base de sustentación de sus medidas revolucionarias. Entre otras, la labor incluyó el nombramiento y la organización de figuras que le eran afines dentro de todos los niveles de la administración es decir, dentro de las esferas central, provincial y municipal del Estado.

La gran importancia que tuvo este asunto para el líder revolucionario, se mostró en los decretos de nombramientos que dictó como Secretario de Gobernación, donde a diferencia de los anteriores, fijaban las condiciones revolucionarias que debían tener los hombres del nuevo gobierno, en ellos se planteaba que era:

(…)deber del actual Gobierno el procurar que la designación de las personas civiles para los cargos de Alcaldes Provisionales, recaigan en personas que, a más de reunir condiciones para el desempeño del mismo, gocen de solvencia moral en el concepto público, para con ella asegurar el restablecimiento del orden y la normalidad administrativa y para esta finalidad, por ser el gobierno producto de una revolución, una de las cualidades que debe concurrir en el designado es la de estar caracterizado como elemento de dicha tendencia.

Tabares del Real, en su excepcional estudio biográfico sobre Guiteras, dejó identificada la creación de un grupo revolucionario dentro del poder central formado por Miguel Ángel Fernández de Velasco, Secretario de Comunicaciones; Ángel Alberto Giraudy, Secretario del Trabajo; José Ángel González Rubiera, titular de Instrucción Pública y varios subsecretarios del gobierno como los comandantes Pablo Rodríguez, Heriberto Marchena y Mario A. Hernández; además de numerosos oficiales de la Marina de Guerra, cuadros del ABC radical, de la Asociación Revolucionarios de Cuba y otros elementos progresistas.

Desde su condición de Secretario de Gobernación, nombró a las primeras alcaldesas de Cuba —Elena Azcuy y Lemus en Consolación del Norte y Caridad Delgadillo Leyva en Jaruco, (ambas ejercieron el cargo hasta 1936)— y a un buen número de los alcaldes municipales del país con los que creó la Asociación Nacional de Alcaldes (Revolucionarios) para que desplegara una labor de propaganda y movilización. De esta asociación solo contamos con los datos que el autor publicó de su entrevista a la ex alcaldesa Caridad Delgadillo:

(…). Con los alcaldes municipales, Tony formó otra entidad política y de masas, dirigida por él con el objeto de divulgar la política del ala revolucionaria del régimen y movilizar al pueblo para tareas concretas. La Asociación de Alcaldes Revolucionarios eligió presidente a Emilio Sorondo, rector del municipio de Bauta, adicto a Guiteras.
Sorondo, José Fernández, alcalde de Batabanó; Juan de Dios Pérez, de Ranchuelo; Caridad Delgadillo, de Jaruco; Bilbao , de Aguacate; Luis Felipe Masferrer, de Holguín y Manolo Estrada, de Bayamo, estuvieron entre los miembros más activos de la Asociación. Los alcaldes celebraban sus reuniones quincenales en Gobernación, el Capitolio o alguna alcaldía municipal. Guiteras asistió a la mayoría de estas plenarias. El Ejército persiguió a la Asociación, decomisó su propaganda, atropelló los mítines que organizaba y arrestó, en varias oportunidades a Sorondo y otros alcaldes. En esos casos la intervención personal de Guiteras resolvía el problema.

Esta asociación perduró en el tiempo, hasta que fue apagada por el fortalecimiento del conservadurismo y el militarismo en el país. Se tienen noticias de que en septiembre de 1934, la Asociación Nacional de Alcaldes realizó una asamblea en el Capitolio Nacional, donde acordó solicitar al gobierno el robustecimiento del poder civil y la necesidad de asegurar los derechos individuales en el país; lo que provocó la destitución de los alcaldes de Bauta Emilio Sorondo y el de Ranchuelo, Juan de Dios Pérez Fernández, quienes, irónicamente, fueron sustituidos en sus cargos por los militares, capitanes Carlos Barquín y Rafael Núñez García.

Pero en la labor de nombramientos de alcaldes u otras autoridades locales, Guiteras fue apoyado por la asociación Revolucionarios de Cuba —nuevo nombre de su organización—. A tal punto lo auxilió, que la historiadora Olga Cabrera no vaciló en afirmar que “La existencia de Revolucionarios de Cuba garantizó en buena medida el acceso al poder de elementos radicales”. Cabrera descubrió en la correspondencia encontrada en el Archivo de Vilaseca del Instituto de Historia de Cuba, que al Secretario de Gobernación se le mantuvo informado sobre toda la situación de la región oriental y se le recomendaron individuos para diferentes cargos.

Por ejemplo, cartas con el membrete de “Revolucionarios de Cuba” recomendaron a Guiteras el nombramiento de Melchor Pérez como alcalde municipal de Banes; también hicieron señalamientos sobre personas que ocupaban cargos y no eran revolucionarios, como la referida a la designación de Francisco Chávez Milanés para el gobierno de Oriente que posteriormente Guiteras sustituyó por José Luis (Chano) Penabaz. Cornelio Rojas le hizo diversas solicitudes a Guiteras para resolver los problemas existentes en el central Chaparra, entre ellas la de abrir un crédito en el almacén del central, a los empleados municipales para adquirir alimentos. Así mismo, desde Santiago de Cuba avisaron a Guiteras del disgusto de la población con el Alcalde de San Luis, Dr. Rivero.

Algunas autoridades municipales implementaron las medidas revolucionarias que Guiteras dictó desde el gobierno. En Cienfuegos el Alcalde Domingo Irisarri decretó la rebaja del fluido eléctrico, en Holguín Luis Felipe Masferrer puso en práctica las medidas más radicales dictadas por el gobierno. Comenta Olga Cabrera que en otros lugares no ocurrió así, y muchos falsos revolucionarios coparon posiciones desde las cuales crearon mil obstáculos al avance de la revolución y provocaron una mayor confusión en cuanto al carácter de aquel gobierno. Una entrevista hecha a Guiteras, donde improvisaba un análisis acerca de las causas de la caída del gobierno de Grau, reafirma este criterio:

Otro de los factores que tuvo una influencia decisiva en el derrocamiento del gobierno de Grau fue, de una parte, la falta de unidad ideológica aun en los puestos Ejecutivos del Gobierno y, por otra, la imposibilidad de seleccionar en el complejo revolucionario, por lo que antes anotara, los hombres que pudieran ser en la Provincia y en el Municipio fieles intérpretes de la obra nacionalista del Poder Central. Por eso se entronizó el arribismo, esto es, la ocupación de los cargos públicos por improvisados y seudorrevolucionarios (…)”

Tabares afirma que la táctica de Guiteras de búsqueda de apoyo a través de personalidades, asociaciones y comités; era la de crear subgrupos para luego unirlos en una agrupación nacional:

Por conducto de estos diversos canales, Antonio Guiteras amplió su base popular y el número de cuadros intermedios que trabajaban bajo su orientación. En la suma de todas esas personas y organizaciones estaba el germen de una agrupación política nacional, con estructura y dirección formal. De nuevo, pero en mayor escala, Guiteras repetía los pasos que dio en Oriente, durante el machadato, para integrar varios grupos en un todo. El proceso fue afectado por la caída del Gobierno. Pero a mediados de 1934, la mayor parte de los seguidores de Guiteras se aglutinaron en Joven Cuba.

El programa de Joven Cuba, mostró la intención de modificar el orden municipal cubano. En este, coherente con las intenciones de Guiteras de acabar con el aparato estatal burgués, al esbozar el contenido general de la primera etapa de la revolución socialista, se incluyeron preceptos generales que impugnaron las esencias del orden municipal vigente desde 1908.
El cuestionamiento más importante fue hacia el contenido social del gobierno municipal, proponiendo que se les otorgase representatividad a los trabajadores y abogando entonces por un cuerpo municipal más representativo de las fuerzas que componían a la sociedad. “El régimen municipal —planteaba— se reemplazará por Consejos locales, integrados por representantes de las tres grandes fuerzas sociales; o sea, la riqueza, la intelectualidad y el trabajo.”

El programa reafirmaba a lo largo del texto, cuestiones que eran de la agenda de las expectativas cubanas desde hacía mucho tiempo, entre ellas, la necesidad de la descentralización administrativa y, ante la enorme corrupción, la exigencia de que cada funcionario público antes de comenzar su servicio, hiciese un “Inventario jurado” de sus propiedades. Finalmente reafirmaba la necesidad de que las localidades apoyasen la Implantación de los postulados de la revolución a medida de su triunfo y de acuerdo con las características de las mismas.

El programa de la Joven Cuba, también planteó otros asuntos que significaban afectaciones al orden municipal como la “Reforma tributaria integral de tendencia social”, haciendo que el peso del sistema impositivo recayera sobre las clases acomodadas; la municipalización de los bateyes y caminos o vías de acceso a los mismos; la nacionalización de servicios públicos y algunos cambios en la tributación reclamando un impuesto especial de escala progresiva sobre bienes rústicos inexplotados y sobre los solares yermos en poblaciones de más de 25 mil habitantes.

El 15 de enero de 1934 las fuerzas reaccionarias confabuladas con Estados Unidos, llevaron a cabo un golpe de estado que puso fin al Gobierno revolucionario y con ello cambió completamente el panorama del país.Las transformaciones al gobierno municipal y provincial efectuadas por el líder revolucionario permanecieron vigentes hasta 1936, aunque perdieron su vocación de servir al pueblo y de priorizar la ayuda a los más necesitados.

Las aspiraciones para el gobierno municipal, plasmadas en el programa de Joven Cuba, mostraron que los elementos revolucionarios en esta etapa, pensaron el futuro de la República desde la propia realidad del país. Muchos de sus postulados acompañaron los debates de la constituyente de 1940 y el sueño de que era posible crear en el país un gobierno municipal más democrático del que había establecido la República a principios de siglo XX, bajo la tutela de nuestro vecino del norte.

 

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