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REVOLUCIÓN VS. REBELIÓN EN LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS. POR YOEL CORDOVÍ

En el marco de las conmemoraciones por el 150 aniversario del inicio de las luchas de liberación del pueblo cubano, quisiera reflexionar, no sobre determinados acontecimientos o figuras históricas en particular, sino en relación con los propios conceptos que se ventilaban en la época para calificar ese proceso político-militar. La denominación Guerra Grande se explica en el orden temporal, responde a la medición del tiempo físico de una década que transcurre entre el levantamiento de Carlos M. de Céspedes en su ingenio Demajagua, el 10 de octubre de 1868 y el Pacto del Zanjón firmado por el Comité del Centro el 10 de febrero de 1878. No sucede así con la Guerra de 1895, en modo alguno identificable como Guerra de los Cuatro Años o Guerra Chiquita si la comparamos temporalmente con la épica del 68, conocida indistintamente como Guerra Grande. Sin embargo, en el nomenclador historiográfico aparece también con frecuencia esta última fase del ciclo independentista decimonónico como Revolución de 1895.

En esta concepción referencial de una primera fase de lucha independentista identificada por lo general como guerra, mientras a la gesta del último lustro del siglo XIX, le es dable con mayor presencia el término de revolución, considero significativa la construcción del discurso político revolucionario. Proceso que empieza a fortalecer sus articulaciones conceptuales desde la misma Guerra Grande para alcanzar sus contornos más definidos y creativos durante el período de entreguerras, asociado, en particular, al tratamiento sistemático y original del concepto “revolución” en la oratoria, la prosa y el quehacer políticos martianos.

En tal sentido, quisiera compartir en este discurso algunas ideas relacionadas con la emergencia de un vocabulario político o, quizá, con mayor rigor, de los resignificados de un concepto fundamental como es el de revolución, antes y durante la contienda independentista de los diez años.

Al referirnos a los significados pretéritos aludimos a un volumen apreciable de nociones que identificaban a la revolución con escenarios convulsos, signados por la violencia, los cuales podían asociarse con diferentes formas de alzamientos, rebeliones y sublevaciones. Al iniciarse el siglo XIX, empero, una serie de acontecimientos gestados en la centuria anterior contribuyeron al replanteo de la carga semántica de la palabra “revolución”, las revoluciones independentistas de las Trece Colonias y Haití, al igual que la revolución burguesa en Francia, así como la revolución industrial en Inglaterra, impactan en el universo conceptual y en la praxis de la “ideología revolucionaria”.

El problema radica en los modos en que esta universalización de las ideas fue asimilada en escenarios coloniales y en particular en el mundo colonial cubano en el que irrumpía el fenómeno de la plantación esclavista y, con él, un campo de tensión generado alrededor de los proyectos políticos-sociales a cargo de los representantes del amplio espectro del liberalismo decimonónico. De cualquier modo, lo cierto es que, más allá de los signos ideológicos, la crisis del Antiguo Régimen generó transformaciones sustanciales en la formulación de conceptos que quedarían plasmados, como suprema consagración jurídica, en las constituciones modernas. En las respectivas Cartas Magnas se redefinirían los contenidos y el alcance que, en el ámbito del derecho natural, presentaban los conceptos de nación, ciudadanía y pueblo.

En estos reajustes conceptuales, la Constitución de 1812 impactó en el redimensionamiento teórico, en la medida que definió la nación española en su centralidad política en sustitución del imperio. El cambio implicaba en el lenguaje jurídico un reajuste esencial de la relación autoridad-representatividad, una vez que quedaba prescrita la soberanía como categoría consustancial a la idea de nación. La autoridad, por tanto, dejaba de residir exclusivamente en el rey al adoptarse la clásica división de poderes provenientes del iluminismo francés. La polémica no se haría esperar en torno a las observaciones sobre el derecho de representación: ¿los diputados serían representantes de las provincias o de la nación?, esencia que Varela resumiría con claridad meridiana, cuando preguntaba “¿qué deberá esperar la patria política de quien no ama su patria natural?”.

Lo que estaba sobre el tapete del debate era la concepción de la naturaleza del sistema o gobierno representativo. La representación debía ser la base del sistema de gobierno capaz de dar viabilidad al pacto social en que se fundan la nación y la nueva figura de la autoridad. De la imposibilidad del pacto entre la colonia y su metrópoli, “maternidad inventada”, como la calificara Varela, emergería las primeras definiciones sistemáticas de revolución a cargo precisamente del director de El Habanero, en uno de sus artículos, al enfrentar a los que denominó “tranquilistas”, expuso: “Yo opino que la revolución, o, mejor dicho: el cambio político de la isla de Cuba es inevitable. Bajo este supuesto, para sacar todas las ventajas posibles y minorar los males, debe anticiparse y hacerse por los mismo habitantes”.

La inevitabilidad de la revolución política para Varela, luego de presenciar la ofensiva antiliberal de la restauración monárquica de Fernando VII en 1824, radicaba en el convencimiento de la ruptura del pacto social que no era más que la imposibilidad de que los intereses coloniales (patria natural) fueran representados ante las autoridades metropolitanas (patria política).

De la centralidad y continuidad del tema de la representatividad colonial en el debate político darían fe las bases programáticas del reformismo redactadas por José A. Saco, Juan Montalvo y Francisco Armas para ser dirigidas al general Francisco Serrano y Domínguez en 1865. Tres décadas después de haberse perdido la representatividad de las provincias de ultramar en las Cortes generales, los diputados se dirigían al Duque de la Torre en términos legales: “A una gran nación no puede herirla que se le hable en nombre del derecho, y nosotros creemos tenerlos incontestable a ser representados en las Cortes del Reino (…) sin la participación de sus representantes no pudo decretarse en las Cortes constituyentes que estas provincias fuesen regidas por un código político diferente”.

El punto de inflexión en la retórica nacionalista se explica por sí mismo. La idea de la representación de las provincias de ultramar dentro del esquema de una monarquía había demostrado su inviabilidad. Quizá una de las expresiones más claras y excepcional de las fracturas en la lógica argumental del reformismo insular fuera la posición de Saco en la Junta de Información entre 1866 y 1867. Ante las miradas atónitas del resto de los diputados ultramarinos, el abogado bayamés arremetería contra el sistema representativo de los diputados de Ultramar a las Cortes peninsulares, basado en el plan mixto de legislatura: las provinciales y las generales. La distancia en espacio e intereses entre los diputados de ambas partes, según Saco, conllevaría a que “las provinciales quedaran sesgadas por las generales, las cuales desconocerían o minimizarían los intereses de las Antillas”.

Pero el gran cambio semántico no llegó de la mano del autor de la Historia de la esclavitud, quien nunca llegó a rebasar su plataforma reformista, tampoco de los exponentes del reformismo nucleados alrededor del periódico El Siglo y mucho menos del asimilismo integrista que fijaba cualquier solución al problema colonial en los marcos inflexibles de la relación colonia-metrópoli, tal como han argumentado en extenso los historiadores Mercedes García y José Abreu Cardet. Otros conceptos vendrían acuñándose en los discursos políticos, portadores de otras significaciones lingüísticas a la hora de dirimir los temas de la representatividad ciudadana en los marcos de la soberanía nacional.

El liberalismo conservador del reformismo había delineado una interpretación de la patria muy singular, sustentada en el binomio patria-propiedad. Para quienes, al decir de Varela, solo les interesaba los sacos de azúcar y las cajas de café, tendrían en las palabras del hacendado José Luis Alfonso a José Antonio Saco, el 13 de febrero de 1837, la más preclara testificación de la veracidad del ilustrado presbítero: “En el siglo XIX la patria es la propiedad y no espere revolución en Cuba mientras se pueda hacer azúcar y cosechar café”. Una línea de pensamiento que continuaría en el tiempo, insuflada a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la noción del progreso: la evolución y no la revolución aseguraría los factores de progreso capaces de hacer pervivir la propiedad, y, por consiguiente, la patria. A la altura de 1903, un articulista del periódico La lucha prescribía tales enunciados: “La política moderna se hace sobre los números. Los pueblos no comen con los sentimientos (…) El que no posee oro no come ni viste, y para adquirir oro o plata hay que enterrar los sentimientos”.

Ahora bien, a la par de esta racionalidad conceptual del liberalismo conservador, hegemónica hasta la sexta década del siglo XIX, se venían articulando otros referentes teóricos a cargo de exponentes de una ideología liberal radical, que, aunque no exenta de matices, incluía en sus corolarios políticos esenciales, la independencia como única alternativa a las contradicciones colonia-metrópoli.

No sería causal el efecto causado por el discurso del estudiante de derecho Ignacio Agramonte y Loynaz en la sabatina universitaria del 22 de febrero de 1862. Desde sus inicios, el joven principeño, sustentado en el articulado de la Constitución de 1791 en Francia, discurría acerca de la importancia de que toda administración del gobierno de un estado en el ejercicio correspondiente a sus facultades ejecutivas, respetara y garantizara el derecho irrestricto de las libertades del individuo, en tanto basamento de la justicia, para concluir su proposición con el enunciado siguiente:

… el Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo no se funda en la justicia y en la razón, sino tan solo en la fuerza; y el Estado que tal fundamento tenga podrá en un momento de energía anunciarse al mundo como estable e imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los hombres, conociendo sus derechos violados, se propongan reivindicarlos, irá al estruendo del cañón a anunciarle que cesó su letal dominación. (1)

Ese “toque de clarín”, como lo calificara Antonio Zambrana, condiscípulo de Agramonte, era la expresión del contrapunteo ideológico, cada vez más visceral entre liberales conservadores y radicales, en los que se debatían los binomios patria-propiedad y patria-independencia.

El posicionamiento de este último ganará terreno en el decurso de la década de 1860, encontrado en necesario caldo de cultivo en la liturgia de la masonería escocesa, de la que se impregnó el Gran Oriente de Cuba y las Antillas (GOCA). Ese cuerpo de pedagogía social, al decir de su fundador Vicente Antonio de Castro, el mismo año en que Agramonte estremecía con su clarinada las paredes de la vetusta universidad habanera, sistematizó un conjunto de principios portadores del ideal independentista luego del juramento implícito en el grado 16 de “sostener la Libertad e Independencia de las Naciones”, para lo cual se requería, en primera instancia, la ruptura de las cadenas de la tiranía para luego proclamar las libertades de pensamiento, examen, religiosa, política y de reunión basadas en la razón y no “en un ciego y estúpido fanatismo”. Al decir del historiador Eduardo Torres-Cuevas, con el GOCA se hacía ostensible su carácter revolucionario, “…pues asume la tendencia más radical de las proposiciones de las revoluciones burguesas, con lo cual compromete, si bien paternalmente, la solución de los problemas del pueblo con la acción transformadora y ética de sus miembros. De esta concepción surge el lema del GOCA: Libertad, Igualdad, Fraternidad.”

Todas estas formulaciones alrededor de la representatividad como salvaguarda de los derechos del individuo alcanzarían sus ribetes más definidos a partir del 10 de octubre de 1868. Al efecto, en el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, redactado por Carlos M. de Céspedes, se consagraron entre los “venerables principios” de la revolución, “la representación nacional para decretar las leyes e impuestos y la “religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre”, para lo cual el primer paso consistiría en el establecimiento de la “nación independiente”. De hecho, este planteamiento significaba la creación de una nueva figura de autoridad, diametralmente opuesta en rigor jurídico a la desbrozada por Agramonte en fecha temprana, pero con capacidad para servir de punto de encuentro y unidad en condiciones de guerra. Y subrayo condiciones de guerra pues alrededor de este aspecto girarían muchas de las polémicas suscitadas desde el inicio de la Guerra Grande. Para Céspedes, la autoridad debía radicar en un jefe único con plenitud de facultades, “mientras dure el estado de guerra” y “mientras la nación ya libre de sus enemigos y más ampliamente representada, se constituya en el modo y forma que juzgué más acertado”.

Por el contrario, para los legisladores que habrían de converger en Guáimaro, con Agramonte a la cabeza, la fórmula cespedista propendía a las formas de gobiernos dictatoriales a la usanza de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas. La autoridad, en cambio, debía depositarse en una forma de gobierno capaz de hacer, ejecutar y cumplir las leyes, es decir, que contuviera los tres atributos de la soberanía divididos en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y, al efecto, los plenos poderes recaerían en el órgano legislador, una Cámara de Representantes facultada para nombrar al presidente y al General en Jefe. Del significado de esta fórmula, hija de su tiempo, apuntaría magistralmente Enrique Collazo: “Se quiso hacer ciudadanos cuando lo que hacía falta eran soldados”.

No obstante, esa concepción del ciudadano de la república en su capacidad de representar y ser representado, colocaba la noción del pacto social en una dimensión completamente diferente a la ventilada hasta entonces por el reformismo insular. Las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y todos los derechos inalienables del pueblo, según se prescribía en el artículo 28 de la primera constitución mambisa, se colocaban a cargo de la Cámara de Representantes; órgano encargado de aprobar las leyes en que se fundaría el derecho público, con lo cual el cuerpo jurídico de la revolución se desligaba de la aprobación de las postergadas Leyes Especiales a cargo de las Cortes españolas desde 1837. El mandato de las Cortes generales de la Nación española para con su colonia antillana pasaría, en la nueva institucionalidad revolucionaria, a manos de una instancia legislativa cubana.

Ahora bien, la apertura constitucional a un orden legal sustentado en una plataforma democrática propia de gobiernos republicanos constituidos en naciones independientes, habría de propiciar diversas formas de interpretar el ejercicio de los derechos políticos y civiles en los marcos legales dispuestos en Guáimaro. Más allá de las nefastas implicaciones de las sediciones militares y de cuantos conflictos se generaron entre los órganos representativos de la república en armas, lo cierto es que, en esos momentos disruptivos del orden constitucional, salieron a la palestra conceptos, principios, modos de asumir, desde la guerra y, en ocasiones, a pesar de ella, la construcción de un sistema republicano propio, con sus respectivas categorías y conceptos referenciales.

Un análisis somero de la Exposición de Lagunas de Varona, firmada el 26 de abril de 1875, evidencia el diapasón de artilugios conceptuales expuestos. En primer lugar, los reunidos en la localidad tunera se presentaron dentro de los marcos legales de Guáimaro al declarar: “concurrimos hoy pacíficamente, haciendo uso de un derecho constitucional”. Y en base a ese derecho se denunciaba la violación de lo estatuido en el citado artículo 28 de la Constitución, al denunciarse que el presidente en turno impedía que ciertos patriotas hicieran uso “de un derecho inalienable e imprescindible del pueblo, el derecho de asociación”. Para evitar tales dislates, en el documento-denuncia, no solo se acordó la deposición del presidente Cisneros, sino también otras medidas que habían formado parte de los debates constitucionales suscitados en las excolonias hispanoamericanas durante la década de 1820, tanto en los proyectos republicanos como monárquicos, con base referencial en la Constitución de Estados Unidos. Me refiero al acuerdo relativo a la elección de dos senadores por cada uno de los cuatro estados. Es decir, en Lagunas de Varona, se buscaba incorporar a la ya compleja maquinaria legislativa una nueva cámara ¿Una concepción a destiempo de orates sediciosos? En lo absoluto. El senado se concebía como un órgano selecto de control, fiscalizador de la Cámara baja y, de acuerdo con el modelo constitucional estadounidense, era el llamado a erigirse en el factor de equilibrio de la Cámara de Representantes, con las atribuciones suficientes como para exigir y garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Importa, sin embargo, tener en cuenta los modos en que este movimiento sedicioso, al igual que el de Santa Rita, el 13 de mayo de 1877, fueron concebidos en el ámbito de la institucionalidad de la revolución. Para Antonio Maceo, por ejemplo, al juzgar esta última sedición, en carta al mayor general Vicente García, declaraba que se trataba de una “rebelión”, y que nunca apelaría al desorden para hacer uso de sus derechos. Con sagaz observación, el líder militar apreciaba las coordenadas causales entre Lagunas de Varona y Santa Rita: “Verdad es que la presente Administración y la Cámara han surgido de la pasada rebelión, pero no es a mí a quien toca juzgar esos respetables cuerpos, puesto que para el Gobierno está la Cámara, y para ella el pueblo, que puede y debe juzgar sus actos”.

Maceo empleaba el término rebelión al referirse a las expresiones de insubordinación a los poderes legítimamente constituidos, similar a la nomenclatura del general Máximo Gómez, cuando se refería a Laguna de Varona como “motín”. No es de dudar entonces que los calificativos de rebeldes y amotinados, fueran empleados por las autoridades coloniales para identificar a los revolucionarios cubanos. El discurso colonial estuvo orientado desde los mismos inicios de la lucha al anclaje semántico de la revolución en viejos moldes lingüísticos, en virtud de los cuales las campanadas del ingenio Demajagua simbolizaban la rebelión de españoles insulares contra la unidad nacional. Céspedes así lo entendía cuando en su Manifiesto del 10 de Octubre declaraba que los cubanos no podían reclamar sus derechos de reunión “sin que se les trate como rebeldes”. La denominación de rebeldía, en su acepción colonialista, remitía a una de las interpretaciones que, según Hobsbawm, identificaba a aquellos movimientos, por lo general rurales, en los que pequeños grupos dirigentes lograban movilizar a amplios sectores populares de sociedades tradicionales con el posible recurvar de estas hacía situaciones más primitivas.

Esta alusión sociopolítica presente en los exponentes de posiciones ideológicas invariablemente contrarias a la revolución, es más fácilmente rastreable en la literatura de corte integrista a cargo de los representantes de la oligarquía financiera y comercial española. Pudiera citarse el libro Para la historia de la rebelión de la Isla de Cuba que principió el 10 de octubre de 1868, publicado en Madrid en 1869, su autor, Vicente García Verdugo, Fiscal de la Audiencia de Puerto Príncipe, advertía que la obra estaba destinada a narrar la historia “de una rebelión tan insensata como injustificada”. Las mismas pautas establecidas por el periódico La Aurora del Yumurí, en su edición del 17 de febrero de 1869, cuando, luego del enfrentamiento entre las fuerzas de voluntarios con los revolucionarios de Jagüey Grande, Matanzas, afirmaba: “Sabemos positivamente que los rebeldes no quisieron dar la cara a nuestros voluntarios y huyeron hacia los montes”. Y al referirse a la posición de Ignacio Agramonte frente a las propuestas desmovilizadoras de Napoleón Arango, en noviembre de 1868, en el Diario de la Marina se reconocía que: “Sin Ignacio Agramonte la rebelión del Camagüey habría quizás terminado en la reunión de Las Minas”.

Algunos integristas deslindaban entre los rebeldes e insurgentes cubanos con los revolucionarios españoles de la Gloriosa. Según el oficial de voluntarios Eugenio Antonio Flores en su libro, La guerra de Cuba (apuntes para su historia): “La revolución de septiembre, triunfante en la península, esperó a que, a sus ecos de libertad, depusieran las armas los rebeldes cubanos”. Tampoco los liberales que encauzaron la revolución en la Península se proyectaron por hacer extensible el ideario septembrista. Tendría que llegar un joven revolucionario cubano desterrado a la Península luego de sufrir cruel presidio para recolocar los términos en un orden tal que prefiguraba la denuncia: La república española ante la revolución cubana. Bastaría el título para fijar posiciones frente a lo que consideró traición de muchos de los españoles titulados demócratas liberales a la propia revolución española y a la Constitución liberal de 1869.

Martí tomaba la distancia necesaria al momento de deslindar ciertos conceptos descalificadores también del proceso cubano. Así, por ejemplo, al referirse a la revolución en Cuba la distinguía de las confrontaciones civiles que permeaban el escenario metropolitano. Y es que estamos en presencia de otro concepto incorporado al vocabulario deslegitimador de la revolución. En carta de Francisco Sánchez Betancourt a Ignacio Agramonte, el 29 de mayo de 1869, le manifestaba: “El Gobierno Español ha circulado en los Estados Unidos y en las naciones extranjeras que aquí estamos nosotros en una guerra civil y que en la actualidad tratamos de que se maten Carlos Manuel de Céspedes y el Gral. Quesada”. La división del texto de Sánchez Betancourt en dos partes mediante el uso de la proposición “y”, sugiere que la “guerra civil” era entendida y divulgada por las autoridades hispanas como guerra entre españoles, en la que, además, existían conflictos entre los cabecillas que representaban al ala en rebeldía. Otra interpretación del concepto provendría del campo de la revolución, para quienes la guerra civil era dable solo en caso de que llegara a producirse un enfrentamiento armado entre los propios independentistas cubanos. He aquí la esencia de los apuntes de Céspedes en su Diario, víspera de su deposición: “No podía transigir con la Cámara sin empeñar mi prestigio. Mis adversarios tampoco podían ceder (…) Todo hubiera sido inútil, y tal vez, al fin, la guerra civil. Yo debía inmolarme y me inmolé”. (Diario, pp. 153-154).

Calificativos como los expuestos en voz de las autoridades coloniales, era un modo de minimizar el alcance del movimiento recién iniciado. De ahí las razones que le asistían al capitán general Francisco Lersundi, para afirmar que “el movimiento de Yara” se presentaba “pequeño y sin color al nacer”, a tono con las declaraciones del corresponsal irlandés James O´Kelly, cuando declaraba: “los españoles aseguran constantemente que la insurrección no tiene importancia”.

Aquí el periodista introduce el término “insurgencia”, mucho más socorrido en el discurso colonialista en la medida que el conflicto se extendía en el tiempo, para dar cuenta de un movimiento de base popular con formas espontáneas de organización política. Así habían denominado a los españoles que negaron obediencia a las autoridades que colaboraron con el ejército francés en 1808. Al decir del político y escritor español Francisco Martínez de la Rosa, era un fenómeno digno de notarse en Cádiz, Málaga y en cuantas ciudades y pueblos “comenzó el movimiento de la insurrección por las clases inferiores de la sociedad, que parecían los menos interesados en la suerte de la nación”. Félix Varela ponderó el alcance político de esa denominación cuando escribía en El Habanero en 1824: Insurgente, es la expresión que significa “hombre amante de una patria y enemigo de sus opresores”.

De cualquier modo, la insurgencia, al igual que la rebeldía, la insurrección, la conspiración y la sedición, eran vocablos empleados de manera indistinta por las autoridades coloniales para calificar al movimiento independentista iniciado el 10 de octubre. Es decir, lejos de constituir desde esa óptica un proceso revolucionario que albergaría como tareas esenciales, la independencia y la abolición de la esclavitud, era conceptualizado con expresiones lingüísticas que en las regulaciones legales designaban manifestaciones tendientes a alterar el orden público. En un contexto bélico, los declarados culpables de tales delitos entraban dentro de la categoría de infidentes o traidores a lesa-Nación, tal como se prescribía en el decreto de infidencia del 13 de febrero de 1869.

En un siglo de revoluciones, no era difícil percibir que en la otrora siempre fiel Isla de Cuba se asistía a una implosión violenta contra los poderes metropolitanos, diferente a lo que el campo semántico había reservado a la “sedición” y la “revuelta”. Ciertamente, hasta finales del siglo XVIII, los diccionarios solían homologar la revolución con “las revueltas de un reino o país cuando sufría un cambio extraordinario de régimen y esencia política”. Pero desde la ilustración el concepto se había perfilado en su universalidad de movimiento y alcance transformador, contrario al de guerra civil. ¿Desconocían acaso la esencia y trascendencia del proceso revolucionario antillano, como para obviar el significado de las palabras que designaban un cambio de situación? Sin dudas, adjudicar un concepto calificador de un hecho o proceso es algo más que lanzar al ruedo una palabra. En ocasiones su enunciado llega a generar peligros que no todos los funcionarios y tratadistas desean correr.

Además del uso de conceptos más elaborados en el constructo legal como el de insurgentes se emplearon otras denominaciones, construidas a partir de fuentes referenciales diversas, en su mayor parte fuera del campo de la jurisprudencia, con vistas a denigrar al movimiento independentista: mambí, filibusteros, jacobinos, laborantes (2), laborantas (3), suripantas (4). Y, a partir de 1871, luego de producirse aquella “batalla solemne en pro de la libertad”, como denominara José Martí a la Comuna de París, se incorporó el término “comunero” con la misma intencionalidad despectiva. En tal sentido, la representación del comunero para la república de Cuba en Armas consistió en una mujer negra con una tea incendiaria en una mano y un puñal en la otra.

Ciertamente, toda revolución genera determinado vocabulario político en modo alguno desligado de los forcejeos simbólicos por el control de los mensajes consagratorios de los bandos contendientes. La revolución del 68, que se iniciara hace 150 años, heredó al tiempo que construyó una retórica tendiente a cimentar la idea de soberanía ejercida a través de los “representantes” de la nación. La fe ilimitada en el imperio de la ley, cuya máxima expresión normativa residía en la Constitución, sirvió como base legal y también cultural para demarcarse, no solo de las estructuras administrativas de España, sino también de los recursos legales dispuestos por aquellas corrientes de pensamiento que, bien del reformismo, el integrismo o el anexionismo, se presentaban contrarias a la creación del estado nacional cubano.

 

    1. Ignacio Agramonte. Su pensamiento político y social, (Juan J. Pastrana, selección), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987, p. 61.
    2. Con el término de “laborantes” se denominó a todos aquellos que desde el extranjero se entregaban a la causa revolucionaria. Según referencias de los autores Zoila Lapique, Manuel Moreno Fraginals y Beatriz Moreno, en Iconografía de la Guerra de los Diez Años, su origen se debe a un editorial publicado por el intelectual manzanillero Rafael María Merchán, bajo el título “Laboremos”, manifiesto en respaldo a la lucha anticolonialista. (Zoila, p. 33).
    3. Con ese término la prensa colonial calificó a las revolucionarias de la emigración.
    4. Así se les llamaban a las combatientes de la manigua. Su origen proviene de la zarzuela “El joven Telémaco”, del escritor español Eusebio Blasco. El pueblo madrileño identificó la palabra con las coristas y después se trasladó a Cuba con similar significado.

 

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